La Fiscalía reclama una condena de cinco años de cárcel por tres delitos de abusos sexuales al presidente de la Federación Balear de Patinaje, Sebastián Rico Pons. El histórico dirigente deportivo, en el cargo desde los años 80, se sentará en el banquillo acusado por tres trabajadoras del organismo. El relato de las jóvenes, todas ellas de entre 19 y 22 años, es muy similar: frases obscenas constantes y tocamientos reiterados en la espalda o las piernas. Las tres denunciaron sus casos el año pasado y la investigación incluyó la detención por parte de la Policía Nacional de Rico este mes de enero.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, Rico realizaba continuamente comentarios a las tres jóvenes del estilo «si quieres echamos un polvo», «ponte falda corta para que pueda pellizcarte las piernas» o «si quieres lo arreglamos con una mamada». Las tres jóvenes trabajaron unos meses para la federación durante el año pasado y una de ellas sostiene que fue despedida cuando Rico se enteró de que tenía novio.
Un histórico de las federaciones deportivas, a semanas del banquillo. El Juzgado de Instrucción 9, encargado de la investigación de la causa, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Rico. Se trata del decano de los presidentes de federaciones deportivas en Balears y está a punto de cumplir cuarenta años en el cargo, algo que ocurrirá si llega al final de su mandato. El asunto será enjuiciado por un juzgado de lo Penal de Palma, por lo que la celebración del juicio no se demorará más allá de unos meses. La defensa niega cualquier tipo de abuso sexual en el comportamiento de Rico y solicitará la libre absolución. La Fiscalía quiere impedirle contactar con menores durante cuatro años.
La acusación pública también refleja un comportamiento reiterado en el que Rico se acercaba por detrás a las víctimas, las tocaba en el costado o la espalda o las abrazaba. Esos «masajeos» se repetían, según las denunciantes, aunque ellas le quitaban las manos de forma taxativa. Además de la Fiscalía, las tres jóvenes ejercen la acusación particular a través del abogado José Miguel Sintes. Este, en su calificación, reclama una condena de siete años de cárcel, al igual que el Ministerio Público por tres delitos diferentes de abusos sexuales. Las víctimas también relatan que Rico les decía que cuando alguien había intentado denunciar algo, lo había perdido.
El acusado negó cualquier abuso tras su detención y aseguró que las antiguas empleadas se han puesto de acuerdo entre ellas para denunciarle. Además de la petición de pena de cárcel, la Fiscalía reclama el pago de una indemnización de 2.000 euros por daños morales a las víctimas y la acusación particular eleva esta cantidad hasta 5.000.
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