Un grupo de inquilinos del policía local de Palma que fue detenido por alquilar un total de 73 infraviviendas a –mayoritariamente– inmigrantes en situación irregular se ha rebelado y no quiere pagar los alquileres que les cobra y que llegan a los 700 euros. Se trata de un nuevo episodio en el caso de los trasteros y sótanos convertidos en minipisos, un asunto que clama al cielo por cuanto el principal implicado es funcionario municipal y, además, el Ajuntament hace más de catorce años que tiene conocimiento de las actividades oscuras del policía. El agente está ahora en libertad con cargos, a la espera de juicio, y sus inquilinos se quejan de que les ha doblado el alquiler sin motivo justificado. Él niega tal extremo. Es el penúltimo episodio de un asunto vergonzante que parece no tener fin.
Nuevo episodio en el drama de las infraviviendas
18/12/23 0:31
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