El concejal de Medio Ambiente de Vila, Jordi Grivé, ha explicado, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, que el Consistorio ha presentado el recurso y ahora prepara el contencioso correspondiente pero que, a la vez, negocia con Costas con la idea de «retirar ciertos tramos que no tienen mucha utilidad y mantener los que hacen que la playa sea más inclusiva y esté mejor integrada en el paseo» «Vamos a ser lógicos», ha añadido el edil, quien, además, ha mostrado su confianza en poder llegar a un acuerdo con la Dirección General de Costas ahora que está en manos del gobierno autonómico.
«Ahora estamos en contacto casi a diario para integre regularizarla de esta manera», ha añadido, «Costas tiene buena predisposición. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo tengo esperanza porque ahora es competencia del Govern y sus técnicos ya han venido a visitar la pasarela y la zona».
La orden de la Demarcación de Costas de Baleares de desmontar la pasarela fue comunicada al Consistorio el pasado mes de octubre, tal y como avanzó este rotativo. Con este fin, se le dio un plazo de dos meses al Ayuntamiento tras haber denegado en varias ocasiones la concesión de la autorización, que fue tramitada por el departamento que entonces dirigía la socialista Elena López cuando las obras del paseo ya se habían ejecutado. En el expediente, se recordaba que Vila había solicitado este permiso en diciembre de 2019, con el fin de ocupar un total de 1.709 metros cuadrados de terreno considerado como dominio público marítimo-terrestre. En 2022 la petición fue denegada y se ordenó al Consistorio el «levantamiento de las obras» y la «restitución de las cosas a su estado anterior en un plazo de tres meses». Vila hizo caso omiso y mantuvo la pasarela. Ya en febrero de 2023, la Demarcación de Costas volvió a exigir la retirada de la pasarela y, además, la de la caseta de los socorristas, que tampoco tenía permisos. Una exigencia que Vila tampoco acató aunque en esta ocasión sí presentó alegaciones. En primavera, la Dirección General de la Costa volvió a ordenar la retirada y en agosto impone al Ayuntamiento una sanción de 14.013 euros por su desobediencia. Con el popular Rafa Triguero ya al frente, el Consistorio presentó alegaciones, que volvieron a ser rechazadas, manteniéndose la orden de retirar pasarela y caseta.
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