Fachada del polideportivo Príncipes de España, sede de la Fundació per a l'Esport Balear. | M.A. CAÑELLAS

La gerencia de la Fundació per a l'Esport Balear ha decidido retirar la aplicación para teléfonos móviles que ha instado a sus técnicos deportivos a instalar en sus teléfonos con el fin de controlar sus horarios de entrada y salida a sus respectivos puestos de trabajo. La herramienta, que incluye un sistema de geolocalización de los titulares del terminal, estaba en fase de pruebas, y dada la controversia y polémica generada entre sus potenciales usuarios y los errores que ha mostrado, ha llevado a dar marcha atrás el Govern, tras la reunión mantenida este miércoles por el gerente de la FBE, Pep Abrines, y el secretario general de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, Guillem Fullana.

Así lo confirmó el propio Abrines a este diario. «La retiraremos y se buscará una solución alternativa para que puedan fichar esos trabajadores a distancia, sin tener que hacerlo presencialmente en Príncipes de España, dadas sus necesidades especiales», aseguraba el gerente de la Fundació, que informará a los trabajadores de ese cambio de planes y les convocará a una reunión con el fin de unificar posturas y buscar un plan que satisfaga los intereses de todas las partes.

Abrines admitió, a la vez, que había informado a sus superiores, en especial a la consellera, Fanny Tur, de «la intención de tomar esta medida -justificada en el control de los horarios y posibles absentismos-, pero no del sistema». De hecho, la propia titular de Esports y su secretario general parece que desconocían el método y su inmediata aplicación, toda vez que varios de los técnicos ya lo han instalado en sus teléfonos móviles.

Los datos que hayan sido recibidos por la aplicación hasta este momento no computarán y se procederá a su eliminación para encontrar una fórmula alternativa y de consenso entre trabajadores y gestores de la Fundació.

La aplicación contaba con un informe favorable que avalaba las tesis de la Fundació per a l'Esport Balear, y en caso de imponerse obligatoriamente, debería contar con otro informe jurídico al respecto y la autorización de los propios trabajadores, que han recibido con buenos ojos la noticia.