El Estadio Municipal de Can Misses, el día que recibió al FC Barcelona en el partido de Copa del Rey. | Daniel Espinosa

El futuro del uso del estadio de Can Misses vuelve a ser objeto de polémica en la isla. La noticia de un posible acuerdo entre el Ayuntamiento y la UD Ibiza para la cesión de los derechos del estadio y su explotación en caso de ascenso a Segunda División hizo saltar las alarmas en varios clubes de la isla que también utilizan la instalación y se podrían ver obligados a abandonar el campo en el que juegan y entrenan actualmente. En el caso de los entrenamientos, esta opción estaría completamente descartada para todos los equipos, ya que si se lograse el ansiado ascenso el terreno de juego pasaría a ser de césped natural, por lo que un uso continuado lo dañaría.

El reglamento de LaLiga recoge en su artículo VI.1 para clubes y sociedades anónimas deportivas de nueva incorporación lo siguiente: «Es requisito necesario e imprescindible para afiliarse a la Liga por parte del club o Sociedad Anónima Deportiva la presentación del título de propiedad sobre el recinto deportivo en el que vaya a desarrollar la práctica de la competición profesional; o en su caso, el convenio de uso firmado entre éste y la propiedad del recinto deportivo. Si no fuere presentado dicho título de propiedad o el citado convenio, será denegada la inscripción».

Exclusividad
El texto es muy claro en que el convenio entre el Ayuntamiento y la UD Ibiza para el uso del Estado Municipal de Can Misses es un «requisito imprescindible» para jugar en el fútbol profesional. La principal duda está en si esta cesión de uso debe ser en exclusividad. Desde el club celeste argumentan que así debe ser, pero lo cierto es que en el reglamento de la LaLiga no aparece la palabra exclusividad por ningún lado. Esto afecta especialmente al CD Ibiza, equipo que juega en el estadio y que recientemente ha ascendido a Segunda RFEF.

Lo que sí se recoge en el texto es la necesidad de realizar reformas en la instalación para adaptarse a ciertas necesidades. Entre estas, por ejemplo, se encuentran un aforo de, al menos, 6.000 localidades, césped natural y adaptación del estadio para las retransmisiones televisivas, con cabinas específicas, salas con diversas utilidades y accesos para los seguidores visitantes. Unos requisitos para los que la da «un plazo de dos años desde su incorporación».

Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, ya habría solicitado una licencia de obra para poder acometer estas reformas en Can Misses. Unos trabajos que contarán con un presupuesto superior a los 1,9 millones de euros.

Sobre todo esto se pronunció el alcalde de Vila, Rafa Ruiz. En unas declaraciones que recoge este periódico en la edición del jueves, Ruiz señaló que «los diferentes ajustes que se puedan hacer se harán», y que espera que las inversiones a realizar cuenten con el apoyo de administraciones superiores. Además, Ruiz no confirmó que ya existiera un acuerdo de cesión del estadio, pero sí reconoció que en caso de que el club celeste consiguiera el ascenso a la categoría de plata, se tendría que trabajar en este convenio de cesión.

En cuanto a si el Consistorio participaría económicamente en la obra que sería necesaria, indicó: «La inversión se ha de hacer tanto pública como con convenios de colaboración. El caso del césped actual ya se hizo con un convenio. No hay problema. Cuando se tenga que comunicar, se comunicará».

Convenios en España
En España, la mayoría de los estadio del fútbol profesional son públicos. Apenas una decena equipos tienen su estadio en propiedad. El resto trabaja con concesiones con los ayuntamientos de las respectivas ciudades, unas concesiones cuyas condiciones cambian y mucho de unas a otras.

En un reportaje publicado por El Confidencial en 2019, se analizaban este tipo de concesiones que tienen los equipos del fútbol profesional español. Aquí hay que tener en cuenta que no hay una regla única que sujete este tipo de acuerdos ya que los ayuntamientos tienen autonomía legislativa a través de sus ordenanzas municipales para establecer las condiciones de los contratos.

En aquella temporada, de los 42 equipos de Primera y Segunda, 32 tenían concesiones de uso y de estos, diez pagaban al consistorio por el alquiler del estadio. Entre estos últimos estaban el Real Oviedo y el Deportivo de la Coruña que pagaban un euro por la cesión del Carlos Tartiere y Riazor.

En el lado opuesto se encontraba el Athletic de Bilbao por el uso del Nuevo San Mamés. El club ostenta en exclusiva los derechos de explotación, gestión y uso por un período de 50 años prorrogables otros 50. Además, tiene una opción de compra. El contrato establece una renta anual de 500.000 euros + IVA a partir de 2018, año en el que concluyeron las obras. Esa renta se actualizará en 2028 y cada cinco años a partir de entonces.

Precisamente una de las características más recurrentes en este tipo de convenios es la larga duración. No todos los acuerdos son de 50 años, ni mucho menos, pero el promedio en el fútbol profesional en este tipo de acuerdos es de unos 25 años. Además, otros elementos que se repiten son la cesión de un número de entradas para las escuelas de fútbol de la ciudad, reservar espacios publicitarios o el típico palco de autoridades.

Cuando el convenio se produce sin ningún tipo de contraprestación económica, el principal argumento no es otro que la promoción de la ciudad por el resto de España y el fomento del deporte en la región.

Otra fórmula que se lleva a cabo en algunos países es la de ceder al Ayuntamiento un porcentaje de los beneficios del ejercicio como contraprestación por la cesión de las instalaciones.

Algo común en este tipo de acuerdos es que son los propios clubes los que se hacen cargo de pagar la luz, el agua y el mantenimiento de las propias instalaciones.

Son muchas las posibilidades y en caso de que se termine produciendo el ascenso –para ello primero deberán superar al Castilla este fin de semana y, después, una ronda final– será el Ayuntamiento y el club quienes deban negociar este contrato y llegar a un punto de acuerdo.

Otro requisito
Por último y ya fuera de lo que son estos convenios de uso de los estadios municipales, cabe recordar que recientemente la UD Ibiza se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva, otro de los requisitos que pide LaLiga. En este aspecto también llegarían modificaciones en caso de acenso ya que el capital inicial fue de 700.000 euros repartido entre el propio Amadeo Salvo y sus hermanos.

Esto será así después de que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, previo informe de LaLiga, decidiese fijar en 4.713.996,56 euros el capital social mínimo para ascender a Segunda División.

La propia familia Salvo había señalado antes de conocerse esta cifra que si se consiguiese el ascenso intentarían aportar ellos mismos el capital restante y que si no llegasen a esa cantidad abrirían la puerta a la entrada de otros socios inversores.