El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado diez días de plazo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule alegaciones antes de decidir si le suspende provisionalmente de sus funciones al tener dos causas abiertas en el Supremo (TS).
Así lo acordó ayer la comisión permanente del Consejo por unanimidad. La comisión decidió que por razones constitucionales procede oír a Garzón para que no se produzca indefensión.
De esta manera, la comisión permanente, que el pasado martes acordó iniciar los trámites para proceder a la suspensión de funciones jurisdiccionales de Garzón, preguntando al fiscal sobre la procedencia de esta medida cautelar, acepta la petición del juez de la Audiencia Nacional.
Pionero
Se trata de la primera vez que un magistrado solicita trámite de audiencia al CGPJ antes de decidir sobre una suspensión.
La comisión permanente del Consejo inició los referidos trámites después de que el TS rechazara archivar la querella en la que investiga a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.
Por otra parte, el periódico estadounidense Los Angeles Times salió el lunes en defensa del juez y criticó en un editorial que la posible suspensión del magistrado se haya adoptado por «animosidades personales» en un contexto judicial «politizado».
El diario considera «irónico» que la amenaza le llegue no de una persona en concreto sino de «su propia judicatura, que alega que el juez se ha excedido al intentar probar las atrocidades de la Guerra Civil española que quedaron cubiertas por una amnistía aprobada en el Parlamento en 1977».
También los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional han mostraron su apoyo al juez titular y aseguraron no entender la «crítica permanente» que sufre cuando sus actuaciones «no coinciden con los intereses» de quienes la realizan.