El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa que ofeció hoy en Madrid para informar de la operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas diez personas, entre ellas varios de los abogados que habitualmente defienden a etarras, acusadas de servir de correos de la organización terrorista y de gestionar la huida de miembros de la banda. | Efe

Los detenidos en la operación de ayer contra ETA constituían un entramado de abogados «a tiempo parcial» que además de ejercer de letrados para la banda se dedicaban a otras actividades ilícitas, como la de recopilar información sobre posibles objetivos, entre ellos el ministro Alfredo Perez Rubalcaba.

Así lo ha avanzado hoy el propio ministro del Interior en una rueda de prensa en la que ha explicado que los diez detenidos, entre ellos tres letrados, también captaban militantes para la banda, intermediaban en el pago del «impuesto revolucionario» y actuaban de «comisarios políticos» en las cárceles.

Además, los arrestados facilitaban la huida de miembros de ETA buscados por las fuerzas de seguridad y servían de correa de transmisión y comunicación entre la dirección de la banda y sus diferentes estructuras, de ahí que Rubalcaba haya destacado que «no es una operación más», sino de la «máxima importancia».

Es más, el ministro ha explicado que la Guardia Civil llevaba bastante tiempo intentando recopilar todas las pruebas necesarias para demostrar que algunos abogados de ETA «no solo hacían de abogados, sino que utilizaban esa posición para hacer otras cosas».

Entre esas actividades estaría la de recopilar información sobre posibles objetivos de la banda, como el propio ministro del Interior, quien no obstante ha eludido aportar más detalles sobre los datos que los detenidos tenían sobre su persona.

La documentación intervenida al ex dirigente etarra Francisco Javier López Peña, «Thierry», detenido en mayo de 2008, ha sido fundamental para esta operación, en la que también ha colaborado la policía francesa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Rubalcaba ha dejado claro que las investigaciones se han centrado en las «actividades ilegales» que realizaban para ETA los detenidos y que no afectan al derecho de defensa, reconocido en la Constitución para presos y abogados.

«Eran los comisarios políticos de ETA en las prisiones y de establecer la disciplina férrea en el colectivo de presos», ha incidido el ministro, quien está convencido de que algún recluso de la banda se sentirá hoy «aliviado» ante la detención de su «carcelero».

En este sentido, el titular de Interior cree que tras esta operación ETA tendrá más dificultades para comunicarse con «sus gentes», que se añaden a los problemas que ya sufre la dirección de la banda para transmitir sus mensajes a sus bases.

«Todo lo hacían en nombre, en conexión y en coordinación con ETA», ha insistido el ministro, quien ha señalado que los 17 registros han permitido incautarse de abundante documentación, que apuntalará la convicción que ya tenían las fuerzas de seguridad.

«Estamos superseguros de que se podrá demostrar», ha apostillado.