Caso Son Espases

Pinal se niega a declarar sobre su presunta relación con la sede del PP en Palma

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El empresario Antonio Pinal a su llegada a los juzgados de Palma.

El empresario Antonio Pinal a su llegada a los juzgados de Palma.

11-03-2015 | Jaume Morey

Antonio Pinal, el empresario que presuntamente pagó parte de la reforma de la sede del PP balear a cambio de serle adjudicadas distintas contrataciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez instructor de estas pesquisas, José Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y las defensas personadas en la causa.

El constructor, propietario de la empresa Bruesa, ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania pasadas las 16.30 horas eludiendo las preguntas de los periodistas.

Precisamente, el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas, quien también ha comparecido este miércoles en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, ha apuntado a Pinal al recordar que éste, junto a otros empresarios cuyo nombre no ha facilitado, ayudó a financiar las obras del inmueble, si bien ha manifestado que no con el objetivo de ser beneficiados con contratos de la Administración.

Al respecto, el exconcejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos aseveró, tanto ante la Fiscalía Anticorrupción como ante el propio juez, que Antonio Pinal le comentó que ayudó en la compra del sede del partido a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.

Es más, señaló que «en más de una ocasión» el empresario le comentó que «por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al PP como al PSOE».

Con esta confesión y diversas facturas de la sede aportadas por la Fiscalía, el juez Castro abrió una nueva pieza en el marco del caso Palma Arena, la número 28, con el objetivo de investigar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la reforma de su sede.

El juez indaga además, desde hace más de cinco años, si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

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