La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que el ejecutivo autonómico aprobará este viernes el impuesto de turismo sostenible para mejorar las garantías ambientales de Baleares como destino e invertir en las zonas turísticas maduras y la semana próxima un decreto para la protección del territorio.

Armengol ha explicado que mediante el nuevo tributo, los 13 millones de turistas que llegan a las islas contribuirán a tener «un destino turístico de calidad, con garantías medioambientales y una protección del territorio adecuada e inversiones necesarias en las zonas turísticas maduras», según ha dicho durante la rueda de prensa para hacer balance de los 6 primeros meses de legislatura.

Obtener recursos para diversificar el modelo productivo y conseguir un destino turístico de más calidad es el objetivo del impuesto que, según Armengol se aprobará tras haber asumido muchas aportaciones de entidades.

«La semana que viene aprobaremos el decreto ley de territorio que nos llevará a modificar diferentes normativas que dañaron el territorio durante la pasada legislatura», ha añadido.

El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, también se ha referido al decreto ley que abordará «cuestiones sensibles de territorio y suelo rústico» y ha destacado que para acometerlo el Govern ha hablado con los consells y los ayuntamientos y con varios sectores afectados «para ir mejorándolo y que tenga los efectos más adecuados».

«Aún estamos hablando, estamos en la recta final y la idea es conseguir el máximo de protección territorial, teniendo en cuenta todas las situaciones de licencias solicitadas que haya», ha dicho Barceló.

La redacción final del decreto se cerrará en los próximos días para aprobarlo la semana que viene y será entonces cuando el Govern detalle y pueda «especificar sus alcance».

Barceló considera que «es un decreto ley atrevido, valiente y potente» que incluye medidas en pro de una redefinición del modelo económico de protección del territorio y el paisaje para «acabar con la especulación y la utilización del territorio como herramienta y que la productividad de la economía se base en una sobreexplotación del territorio que es un modelo agotado».

La presidenta ha anunciado también que Baleares será la primera comunidad en establecer una renta social garantizada para «los ciudadanos que no llegan a fin de mes y sobre todo aquellos que tienen hijos a su cargo», una medida que considera una de las prioridades del Govern para 2016.

Además habrá medidas para la creación de ocupación de calidad y está previsto seguir avanzando en el pacto social y político por la educación, en el que el ejecutivo autonómico trabaja con la intención de ampliarlo y cerrarlo este año.

Otro «eje fundamental» que el Govern empezará a trabajar «inmediatamente» es el nuevo modelo de financiación y nuevo régimen especial de las Islas Baleares. En la actualidad, el ejecutivo recoge aportaciones al respecto de entidades y agentes sociales.