Francina Armengol, interviniendo en el Parlament este martes ante la mirada de diputados populares. | M. À. Cañellas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido hoy el decreto de medidas urgentes en materia urbanística: «Queremos crecer de manera más justa y equitativa», ha dicho durante su comparecencia en el pleno del Parlament para explicarlo a petición del PP.

Armengol ha defendido que esta medida, que «congela» las normativas del suelo, turística y agraria aprobadas en la legislatura anterior del PP, establece el marco para el «impulso inteligente de la economía», por el que apuesta su ejecutivo balear. La presidenta de las islas ha anunciado que las tres conselleries implicadas en este decreto trabajan ya en la elaboración de la ley mediante mesas de negociación con los sectores estratégicos que se comenzarán a reunir las próximas semanas.

Armengol ha defendido la intención de diálogo y consenso de su Govern, ante las críticas de la oposición en este sentido y por la vía de urgencia de la medida, que ha considerado necesaria para dar margen y comenzar a hablar ahora de «forma sosegada» del modelo territorial, turístico y económico de las islas.

Este decreto ley, ha insistido la mandataria, «defiende el patrimonio natural de todos y fija las reglas de un crecimiento solidario y un desarrollo justo para garantizar» el futuro de Baleares.

Armengol ha señalado que el Govern, con este decreto, sigue la hoja de ruta que busca «transformar y mejorar» el patrón productivo de las islas, para crecer con «seny» y «poner orden».

Crecer con «coherencia» y «de manera sostenible» es el objetivo, ha precisado la presidenta de las islas, para quien es el momento de hacerlo ante los indicios de buenas perspectivas de crecimiento y turísticas, y llevarlo a cabo de forma «con plena seguridad jurídica».

Ante «la gran responsabilidad» que implica este asunto, tanto para el Govern, grupos parlamentarios, empresarios, agentes sociales, patronales y trabajadores, se convocarán en breve «mesas de diálogo social para debatir, concertar y establecer las políticas necesarias para lograr una sociedad más productiva y equitativa».

El decreto supone una suspensión de las medidas más desreguladoras que se aprobaron en la anterior legislatura del PP para eliminar la planificación urbanística «'a la carta' que se hacía para contentar intereses muy concretos y particulares», ha señalado la mandataria.

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En el fondo, ha insistido, el decreto supone un debate de dos modelos territoriales distintos, «el del PP que entiende la desregulación y la puesta de los intereses particulares por encima de los generales, y uno más estable, más equitativo y más sostenible» que es el que plantea el actual Govern.

«Las personas nos equivocamos, yo me equivocaré y el Govern también», ha dicho Armengol para justificar la necesidad de aprobación de dos decretos leyes porque se detectó un «vacío normativo» en el primero.

La presidenta ha calificado de «demagógica» la intervención del PP, que ha acusado al Govern de restar importancia a la calidad del turismo con el decreto, y le ha pedido paralizarlo, a la vez que ha solicitado la dimisión del conseller de Territorio, Joan Boned.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Xavier Pericay, ha cuestionado la falta de diálogo por parte del Govern con los sectores afectados, por lo que ha considerado que la mesas de diálogo «llegan tarde».

El diputado del PI Josep Melià ha criticado el discurso de «consigna» de Armengol, y le ha pedido que vaya al fondo, mientras ha considerado que el decreto ahonda la crisis de algunos sectores, como el de la construcción.

Por su parte, los grupos que dan soporte al Govern, PSIB, MÉS y Podemos han defendido y aplaudido el decreto ley.

La portavoz del grupo parlamentario del PSIB, Pilar Costa, ha apuntado que el decreto detiene la invasión en suelo rústico y protege el sector primario.

Los diputados de MÉS David Abril (per Mallorca) y Nel Martí (per Menorca) han coincidido en defender que el decreto protege el territorio balear y antepone el interés general sobre el particular. El diputado de Podemos, Alberto Jarabo, se ha mostrado satisfecho en que su formación haya colaborado en su aprobación y que la entidad conservacionista GOB haya sido la guía para su elaboración.