El Parlament había programado la comparecencia de Palmer para las 10.30 horas de este miércolespara que aportara información sobre los recursos humanos y materiales que el Ministerio de Justicia destina al juzgado de Violencia sobre la Muner de Ibiza.
La delegada del Gobierno registró el pasado viernes en la cámara legislativa un escrito dirigido a su presidenta, Consuelo Huertas, en el que rechazaba comparecer por «falta de ajuste» de la petición a la legislación vigente.
El Parlament ha informado de esta situación veinte minutos antes del inicio de la reunión de la comisión, en la que además de la comparecencia de Palmer está previsto el debate de dos proposiciones no de ley.
Fuentes de la cámara han explicado que pese a que desde el pasado viernes se conocía la negativa de Palmer a dar explicaciones a los diputados regionales, el orden del día no se había cambiado porque es la propia mesa de la comisión el único órgano competente para hacerlo.
En su carta a Huertas, la delegada del Gobierno expone que el Consejo de Estado considera que «el control político de las Asambleas Autonómicas ha de entenderse referido a su ámbito territorial y competencia, de modo que dichas funciones se circunscriben a fiscalizar las actuaciones de sus órganos de gobierno y administración».
Cita también una sentencia del Tribunal Constitucional que, en la misma línea, establece que los parlamentos autonómicos no tienen «poder de control y fiscalización (...) ilimitado, sino ajustado al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas».
Palmer incide en que, de acuerdo a la interpretación «que corresponde hacer» del artículo de la constitución referido a las competencias de los parlamentos autonómicos, sus comisiones pueden «investigar y controlar la actuación de los responsables públicos de la propia Comunidad Autónoma», pero no de cargos o autoridades designados por el Gobierno central.
«En consecuencia con lo anterior, me veo en la obligación de comunicarle que esta petición de comparecencia excede de la base jurídica y, por ello, no reúne las condiciones de idoneidad y legalidad suficientes para poder ser atendidas», indica la delegada del Gobierno.
Finalmente, Palmer informa a la presidenta del Parlament de que las posibilidades de solicitar la comparecencia de responsables del Gobierno central ante «los órganos legislativos y de representación popular» están reguladas en la Constitución y se circunscriben a «las Cortes Generales»
3 comentarios
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Ora que se cree ser Dios.
Zasca en toda la boca. Eso les pasa por querer meter las narices donde no son competentes, jaja. Les pasa por no saberse la legislación.
Es igual. Le quedan dos telediarios.