Es la medida más controvertida de las que figuran en el proyecto de ley de vivienda que el Ejecutivo someterá durante un mes a exposición pública. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Territori, Marc Pons, presentaron ayer las líneas maestras de este proyecto tras una reunión con la Mesa de Vivienda.
El Govern considera que una vivienda está vacía cuando lleva dos años sin que haya pagos de luz, agua o gas. Los grandes propietarios de viviendas destinadas al mercado inmobiliario tendrán la obligación de inscribirlas en un registro bajo multa de 30.000 euros por vivienda si no lo hacen. La medida no afecta a los propietarios particulares.
El caso de Ibiza
La vicepresidenta primera y consellera de Vivenda de Ibiza, Viviana De Sans, participó ayer en la reunión sobre el articulado de esta ley, donde reclamó que la máxima institución insular tenga más competencias para poder gestionar la problemática de la falta de vivienda en la mayor de las Pitiusas. «Los problemas de la vivienda se convierten en Ibiza, además, en un problema social y desde Ibiza deberíamos tener competencias y herramientas para abordarlo», precisó De Sans. También pidió en esta reunión que se tengan en cuenta alternativas como las cooperativas de viviendas o el «cohousing» como «fórmulas que se están aplicando con éxito en otros países europeos». A diferencia de la opinión que hay en Mallorca, De Sans reclamó que se considere como piso vacío aquel que no esté ocupado durante seis meses al año. Desde el Consell d’Eivissa celebran que salga esta ley adelante, pero precisaron que tiene «un margen de mejora». «Continuaremos haciendo aportaciones durante el periodo de exposición pública y durante el trámite parlamentario para que sea la ley que necesita Ibiza».
Por su parte, la presidenta Francina Armengol afirmó que «este Govern trabaja para que los ciudadanos de las Islas disfruten de una vivienda digna», aseguró Armengol. «Queremos poner fin a las políticas regresivas que marcó la crisis inmobiliaria», añadió el conseller Pons.
Otras medidas de calado que recoge la ley es que los bancos también tendrán la obligación de cumplir un protocolo de desahucios de forma que a quienes sean desahuciados se les ofrecerá en primera instancia la posibilidad de seguir en la vivienda pagando un alquiler. Otra medida importante afecta a las viviendas de protección oficial, las VPO. Las que se construyan a partir de la entrada en vigor de la ley no podrán venderse a terceros. Si quiere desprenderse de ella, el propietario quedará obligado a vendérsela al Govern por el precio tasado actualizado.
No podrá venderla a terceros y si lo hace por encima del precio tasado se expone a una sanción de hasta 90.000 euros. También se expone a esta multa quien tenga una VPO y no la destine a vivienda habitual.
La ley mantiene el programa de cesión al Govern de viviendas privadas para que el Ejecutivo las alquile durante un periodo determinado. Quien lo haga tiene además la opción de que el Ejecutivo pague una reforma de la casa de hasta 7.000 euros. El Govern cambiará, además, el cálculo del coste de alquiler de su parque público de viviendas de forma que pagará más quien más tenga.
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