La presidenta del Govern, Francina Armengol, durante su reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. | Jaume Morey

La presidenta del Govern, Francina Armengol, mantiene este martes una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al que trasladará cuestiones prioritarias para el Ejecutivo autonómico como la tarifa plana de vuelos o el descuento de residente.

Según ha informado el Govern, a la reunión también asistirán el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, y el director de gabinete, Ángel Fernández.

La reunión tendrá lugar en la sala del Consell de Govern, donde el ministro de Fomento firmará en el libro de honor.

En el encuentro, Armengol trasladará abordará con el ministro las reivindicaciones que el Govern tiene como prioridades relacionadas con su ministerio.

En este sentido, las mejoras en el transporte aéreo y marítimo encabezarán las peticiones que presentará la presidenta. En concreto, al ministro se le reclamará que se acelere el trabajo para tener una propuesta sólida para presentar ante la Unión Europea en relación a la tarifa plana, dado que la parte comprometida desde Baleares ya ha sido redactada y enviada a Madrid.

El Govern ha recordado que se trata de una «reivindicación histórica que se ha conseguido desbloquear después de meses de trabajo de la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad».

Además, se le va a pedir una solución definitiva que elimine la «amenaza» de reducir el descuento de residentes en las tarifas de grupos.

Sobre esto, el Govern ha recordado que el ministerio ha paralizado la aplicación de la nueva normativa que tenía que entrar en vigor el 1 de enero, tras una petición del Ejecutivo balear.

De hecho, también en materia de transporte, Baleares quiere que el ministerio de Fomento se haga cargo de la totalidad del descuento de residente en los trayectos vía marítima.

El descuento del 50% en los billetes de pasajeros marítimos no está asumido totalmente por el gobierno del Estado, pues solo se hace cargo de la mitad (del 25%), y la otra mitad corresponde a los gobiernos autonómicos.