Imágenes de archivo de José María Rodríguez y Álvaro Gijón. | Redacción Local

El juez Manuel Penalva ha citado a declarar a José María Rodríguez y a Álvaro Gijón para el 20 de julio por un delito contra la salud pública. Este tipo penal está referido a la elaboración o tráfico de drogas. El juez quiere saber si ambos políticos suministraban estupefacientes a las prostitutas con las que, supuestamente, se acostaban, según uno de los testigos protegidos. También deberán declarar por un delito de cohecho. Estas comparecencias están relacionadas con el 'caso Cursach'.

Ambos ya se personaron en su día, pero solo por su presunta intervención en el caso de la Policía Local de Palma. Ahora se les llama para ampliar los hechos por los que están investigados en relación en la participación de orgías y fiestas supuestamente financiadas por el Grupo Cursach.

La citación se produce justo el mismo día en el que se juzgaban las supuestas amenazas sufridas por la testigo que incrimina a ambos políticos. En su declaración, la testigo protegida número 31 aseguró que ambos políticos acudían a la casa de citas que ella regentaba. Según su versión tenía indicaciones de Bartolomé Cursach de facilitar a Rodríguez todo lo que quisiera. Sobre Gijón, señaló que comenzó a ir a la casa más tarde y que Rodríguez fue quien le indicó que tenía las mismas condiciones que él.

Respecto al actual diputado autonómico, la testigo también manifestó que organizó un torneo de pádel para policías locales en un gimnasio de Bartolomé Cursach por indicación de éste. Señaló que en las dependencias del gimnasio había un despacho para uso privado del político y que tuvo que ir a comprarle cocaína. A Rodríguez, la testigo también le sitúa en fiestas privadas en casa del empresario, que terminaban con fiestas con chicas. El juez y el fiscal sospechan que estas orgías eran una parte de la contraprestación que recibían los políticos a cambio de promocionar a policías afines al Grupo Cursach.

Los dos investigados han negado su participación en estas fiestas. La defensa de Gijón solicitó al juez que se hiciera una prueba de cabello al concejal para acreditar que no ha consumido estupefacientes, algo que fue desestimado.