Imagen de una reunión de la presidenta Armengol con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Balears quiere que las comunidades autónomas gestionen el 75 por ciento del IRPF, que tengan mucha más autonomía fiscal y que, en esa autonomía, puedan decidir, por ejemplo, qué porcentaje de los impuestos recaudados se asigna a la Iglesia Católica o a fines de interés social. Estas propuestas, junto con una potente batería de medidas fiscales específicas, figuran en el documento específico que ha presentado Balears en el marco negociador de un nuevo sistema de financiación.

El documento completo sobre la nueva financiación ha sido elaborado por diversos expertos propuestos por el Gobierno y por las comunidades autónomas y recoge un contundente voto particular de Balears con una addenda donde se proponen cambios normativos relativos a los tributos cedidos.

El documento dice de forma taxativa que la propuesta de Balears pasa por ahondar en la autonomía tributaria de las comunidades autónomas. Reclama más capacidad normativa para el IRPF con la posibilidad de cambiar el tipo de gravamen y pide que las comunidades no tengan que sufrir en sus ingresos el coste recaudatorio de las deducciones estatales. Propone además regular en exclusiva figuras jurídicas propias de acuerdo con el derecho civil propio de las Islas.

Pide, además la capacidad de gestión del IRPF, del que se gestionaría el 75 por ciento y no el 50 por ciento actual, y da a las comunidades la capacidad de inspección, que ahora es una competencia exclusiva del Gobierno. Algo parecido propone con el IVA.

El modelo alternativa al actual ha sido elaborado por el economista Guillem López Casasnovas e incide en dar más soberanía fiscal en los impuestos sobre el alcohol, hidrocarburos, tabaco, determinados medios de transporte, el juego on-line, depósitos bancarios, además de en los que ya gestiona la comunidad.

En el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, pide la capacidad de gestión de los no residente, a quienes propone que se les aplique la normativa autonómica. También sugiere que el impuesto que se paga por la compraventa de vehículos de segunda mano se establezca en función de la potencia y la emisiones de CO2 y no en función del precio, como sucede ahora,.

En general, la propuesta de López Casasnovas pasa por la idea de que las comunidades gestionen sus impuestos «aproximando bases al 75 % en renta» y después creen una cesta que iría a solidaridad interregional, siempre respetando el principio de ordinalidad.

El documento que han presentado los sabios no va en la línea que defiende la Comunitat, pero sí recoge algunas de las carencias del actual sistema: resulta excesivamente complicado y poco transparente, genera una distribución desigual, adolece de un déficit de responsabilidad fiscal e incluso presenta ciertas deficiencias técnicas que es urgente corregir, según el documento hecho público por el Ministerio.

LA NOTA

Company reclama a Montoro que apoye el REB

El presidente del PP balear, Biel Company, se reunió con el ministro Cristóbal Montoro para pedir que las Islas tengan un Régimen Especial (REB) que compense la insularidad y para anunciar que su partido será reivindicativo en este asunto.

«Hemos comprobado que existe una total predisposición del Gobierno presidido por Mariano Rajoy para llegar a un acuerdo satisfactorio», aseguró Company, que estuvo acompañado por la delegada del Gobierno, Maria Salom, la vicepresidenta y portavoz del grupo parlamentario, Marga Prohens, y el vicesecretario general de Estudios y Programas del partido, Antoni Costa. Company se refirió a tres grandes líneas de actuación que deben incluirse en el REB: medidas fiscales, como la reserva para inversiones, que puede suponer unos 190 millones para empresas y autónomos; reducción de costes en materia de transporte para compensar la insularidad e inversiones en materia de infraestructuras, sobre todo para abaratar el coste de la factura del agua y el tratamiento de residuos.

«Trabajaremos codo con codo con el Govern para conseguir el mejor REB para que los ciudadanos y las empresas de las islas tengan las mismas condiciones y posibilidades de competir que el resto de ciudadanos»,dijo.