El experto designado por Balears, Guillem López Casasnovas, con la consellera Catalina Cladera.

Balears perderá al menos 100 millones de euros al año de financiación autonómica en caso de que prospere la propuesta que han entregado los ‘sabios’ al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se trata de un primer cálculo parcial sobre uno de los puntos recogidos en la propuesta, ya que el documento es tan complicado y poco transparente que resulta muy complicado hacer un cálculo definitivo.

La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, y el experto propuesto por Balears para la redacción del documento, Guillem López Casasnovas, realizaron una primera valoración de este documento y la conclusión es clara. «Supone una involución en términos de autonomía fiscal con respecto al modelo que tenemos ahora», aseguró la consellera.

López Casasnovas añadió que el modelo propuesto supone continuar con algunas de las prácticas que hacen poco transparente el modelo actual, como la creación de fondos diversos que dan poca transparencia y complican el modelo. No se tiene en cuenta que las comunidades autónomas están ahogadas en su propia deuda porque ha sido la única vía que han tenido para compensar las carencias de todos estos años en materia de financiación. La propuesta supone además una armonización fiscal, cuando los intereses de Balears van en sentido inverso.

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La conclusión es que Balears será una de las comunidades más perjudicadas si finalmente se aplica este modelo, al igual que Valencia, Andalucía, Catalunya y Madrid. La consellera insistió en que es necesario cambiar la propuesta durante la negociación política y dejó claro que, en este proceso negociador, las alianzas se crearán en función de las necesidades territoriales y en ningún caso habrá un pacto con las comunidades socialistas ya que los intereses de Balears y de las comunidades gobernadas por el PSOE son contrapuestos.

El voto particular presentado por López Casasnovas apuesta por la cesión del 75 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas (ahora es el 50 por ciento) y les da capacidad normativa sobre los tributos que ahora dependen del Estado, especialmente en materia de IRPF. Por ejemplo, permitiría a las comunidades decidir qué porcentaje se destina a la asignación tributaria de la Iglesia Católica o a otros fines de interés social.

El Obispado evitó hacer declaraciones sobre esta propuesta presentada por Balears y aseguró que analizará la medida en caso de que se presente oficialmente y una vez que llegue a tener efectos prácticos, algo que parece poco probable a la vista de cómo han ido las negociaciones.