Moratoria, a partir de hoy y durante seis meses, en la concesión de pozos para la extracción de agua en 30 zonas sobre explotadas de las Islas. Así lo anunció ayer el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, después de que el Consell de Govern aprobara el inicio de la revisión del Pla Hidrològic, que detalla el estado de los acuíferos de Balears y plantea una serie de actuaciones hasta el año 2021.
La suspensión en la concesión de autorizaciones (con una serie de excepciones), desde hoy mismo, no es la única medida cautelar que acompaña a la revisión: también prohiben autorizaciones y concesiones de agua para instalaciones deportivas y de ocio, como parques o campos de golf. Estas infraestructuras sólo podrán satisfacer la demanda de agua con aguas residuales regeneradas o desaladas, priorizando el uso de aguas depuradas.
El objetivo de las medidas cautelares es «evitar un efecto llamada» y un alud de peticiones de nuevos pozos y sondeos que impidan los objetivos marcados por el plan, precisó el conseller.
Vidal indicó que hay 30 zonas sobreexplotadas y que de todas las que existen en las Islas, sólo el 26 % están en buen estado, cuando en 2013 eran un 48 %. Y añadió que un 29 % están en riesgo y que se logrará que mejoren si se mantienen medidas de gestión que estuvieron vigentes hasta 2007.
«No adoptar medidas nos ha llevado a este escenario», dijo, a la vez que recordó la «responsabilidad» de anteriores gobiernos. Jaume Matas, expresidente del Govern, fue ministro de Medio Ambiente.
Gestión de la demanda
Entre las medidas principales que Vidal destacó, están las de gestión de gestión de la demanda, como la reserva de recursos para la Administración con fines ambientales, haciendo, por ejemplo, que los excedentes de las Fonts Ufanes se reserven a s’Albufera. También re refirió a que se endurecerán los requisitos para la obtención de derechos, con la obligación de presentar la cédula de habitabilidad para obtener la concesión de suministro de uso doméstico en suelo rústico.
Precisamente, remarcó, ésta es una medida que se eliminó en el 2012 y que comportó que «se duplicaran las solicitudes de pozos en suelo rústico para uso doméstico en un solo año».
En Mallorca, las zonas sobre-explotadas afectan a los municipios de Andratx (concretamente su puerto), Pollença (también el puerto), Alcúdia, Sa Pobla, Calvià (Santa Ponça), Petra, Santanyí (Cala d’Or), Son Servera, Manacor (Son Talent, Porto Cristo y Son Macià), Santa Margalida (Son Real) y Palma (sa Vileta) y Campos.
En Menorca, la prohibición durante seis meses de nuevas concesiones se concretará en Maó, Ciutadella, Addaia y Tirant. En Eivissa, Portinax, Santa Agnés, Pla de Santa Antoni, Cala Llonga, Roca Llisa, Port Roig, Santa Gertrudis y Serra Grossa. Igualmente, queda afectada toda la isla de Formentera.
EL APUNTE
Más de la mitad del agua de Balears es para el abastecimiento urbano
El conceller Vidal explicó que el Gobierno español incumplió el calendario del primer ciclo de planificación hidrológica (2009-2015), ya que aprobó los planes de las comunidades autónomas entre 2013 y 2014. Y destacó que para evitar una sanción, se acordó con la CE que se cumpliría el plazo previsto del segundo ciclo de planificación (2015-2021) y que estos planes tendrían en cuenta las deficiencias detectadas por los técnicos europeos, «hecho que el Govern incumplió durante la anterior legislatura». Quedan ahora seis meses por delante para concretar y diagnosticar. Según el plan, el 56,8 % del agua es para abastecimiento urbano, un 16,5 % para uso agrario, y un 15 % para viviendas aisladas, el 4,2 % para campos de golf, el 4,1 % para parques y jardines y el 3,3 % para uso industrial.
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