La Sindicatura ya ha comenzado a solicitar información a las conselleries y a las demás empresas públicas sobre los gastos de personal de la CAIB, del IB-Salut y de la Agència Tributària. En su plan normativo para este año, el organismo señala que se trata de revisar todos los conceptos retributivos complementarios para determinar el «apoyo legal o normativo» de cada uno de los conceptos. «Para los casos en los que sea aplicable, se tendrán en cuenta los informes de control financiero que ha emitido la intervención general de la Comunitat correspondiente a 2016 en cuanto a los gastos del personal del IB-Salut», señala este documento.
El caso del IB-Salut
Es en esta entidad donde han proliferado pluses que no tienen ningún respaldo en la legislación autonómica ya que muchos de ellos responden incluso a «pactos privados». El propósito de la Sindicatura es recomendar al Govern que ponga orden en una materia que ahora mismo está descontrolada.
El informe detallará qué complementos cobran los funcionarios, todos y cada uno de ellos, e incluirá una serie de recomendaciones. Las fuentes consultadas aseguran que no se podrá sugerir la eliminación de los complementos ya que cualquier funcionario afectado podría llevar al Govern a los tribunales y ganar.
La propuesta será que se regularicen los que ya existen, dándoles amparo en la legislación de la Comunitat, y que no se vuelvan a crear nuevos complementos que no están incluidos en una ley concreta. La situación de alegalidad de estos complementos se debe a que los acuerdos adoptados en las respectivas meses de negociación no se han trasladado después a una norma específica.
El caso de la carrera profesional, por ejemplo, es emblemático. El Govern pagará el año que viene el cien por cien de este complemento y así lo recoge en la Ley de Presupuestos, sin embargo, los tramos que ha ido pagando el Govern hasta la fecha son frutos de pactos con los sindicatos en las mesas de negociación.
La Sindicatura considera imprescindible que se ponga orden y de ahí la voluntad de hacer el informe de control de legalidad. La recogida de datos ya ha comenzado y la previsión es que esté listo a principios de año.
9 comentarios
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Correcto, pero la linea para todos igual. Empiecen ustedes los políticos por reducir de su sueldo los días que no asisten a "su puesto de trabajo" o fan tard
No es un problema de legalidad. Son excusas para recortar gasto público de donde sea. Hoy son los funcionarios, mañana serán los pensionistas. Siempre pagan justos por pecadores.
A uno le da la risa floja cuando lee las opinionse de la gente que no tiene ni idea de como funciona una administración. Los funcionarios son precisamente los más preparados y si no reto a cualquiera que se prepare una oposición (hace poco que se han convocado). Lo que sobran son asesores, personal de confianza y en general, personal metido a dedo sin oficio ni beneficio que se dedica a cobrar un sueldazo público cuando tiene una función más que dudosa si es que la tiene. Una legislatura chupando del bote que en cuatro años me voy y total da igual lo que haga.
Que se revise bien , porque seguro que el que cobra de mas no sera el funcionario , que ha perdido años de su vida para entrar y conseguir su puesto de funcionario. Seguro que son los nombrados a dedo y amigos de politicos o familiares , nas altos cargos y politicos .
Esos miles de funcionarios que dices que sobran deberían desaparecer de golpe y entonces ya veríamos cómo te las ibas a apañar, para ir al médico, llevar a los críos al colegio, ayudarte en una emergencia provocada por un temporal... que quieres ser muy listo pero no.
Eso, eso......a los funcionarios!!!! Pero a los políticos ni mirarlos.....
Aquest país es un merder, i cada dia més !!
Es todo muy fácil y sencillo, auditoría en todas las Consellerias, si alguien ha cobrado algo que no debía, y se ha prevaricado por omisión o con intencionalidad, se participa a la Fiscalía para que se depuren posibles responsabilidades penales, caiga quien caiga
Sobran miles de functionaries, por su bajo rendimiento, por sus bajas laborales y por su elevado coste en proporción a lo que cuestan. Los hay muy buenos, los hay normalistas y los hay muy malos, demasiados. Es un escándalo lo que cobran por lo que hacen muchos. Viven de nuestros impuestos, abusivos y de real incautación de bienes. Todo para alimentar a esa legión de gente que poco produce y además se estorban entre ellos a veces. La peor educación del Estado, verde y estelada y carísima. Mala, muy mala. Las empresas públicas son un cachondeos por lo que cuestan y por lo poco que hacen, EMAYA, y tantas otras. El problema es el político de turno, populista, mal gestor e incapaz de poner orden dentro de este fiasco. Es lo que hay, populistas, sindicalistas de los eres, políticos que no saben hacer ni la o con un canuto. La reina Armengol a la cabeza del descontrol.