Aunque todavía tiene que convalidarlo el Parlament –lo hará en las próximas semanas–, el Govern aprobó hace una semana su séptimo decreto ley desde que lo preside Francina Armengol.
El Ejecutivo recurrió a esta figura para dar salida a una serie de equipamientos públicos que considera imprescindibles ahorrándose la larga tramitación de una ley. Cuando la izquierda que ahora gobierna estaba en la oposición, le reprochó al Govern de Bauzá que recurriera a esta figura que está pensada para casos excepcionales y por razones que deben ser justificadas.
El Govern de
Armengol todavía está lejos de acercarse a la marca del Govern de
José Ramón Bauzá. En sus cuatro años de mandato, llevó al Parlament 30 decretos leyes. Sólo en 2012, utilizó la fórmula una docena de veces. Aquel año, el decreto ley se utilizó para cuestiones dispares: desde modificar la normativa comercial del primer Pacte de Progrés (1999-2002) a reorganizar el IB-Salut pasando por una propuesta de la Conselleria e Turisme para la renovación de la Platja de Palma.
Sin embargo, el grueso de los decretos ley gubernamentales, marcados por la crisis económica, fue para aprobar recortes tanto en las empresas de la Administración como en la necesidad de tomar medidas para reducir el déficit. El primer año de mandato del PP, aprobaron 11. Uno de los más polémicos fue el que modificaba la ley de IB3 que permitió a l conseller de Prsidència, entonces Antonio Gómez, asumir de forma provisional de la Dirección General del ente público.
El Govern se justifica
El actual Govern considera que no está abusando de esta figura. En su opinión, el último decreto ley, el que hace referencia a la construcción de equipamientos públicos acortando trámites urbanísticos, está plenamente justificado. El primero, de 24 de julio de 2015, a los pocos días de tomar posesión fue para establecer una moratoria en grandes equipamientos comerciales. Las suspendió durante seis meses. Los dos del año siguiente fueron para medidas urbanísticas. El más polémico es el que llevó al Parlament el pasado año, después de la votación de la reforma turística sobre el alquiler vacacional.
A la vista de que dejaba parcialmente vigente la ‘ley Delgado’, y que eso podía hacer imposible alquilar en plurifamiliares, se reformó días después y se introdujo una referencia a la «emergencia habitacional» que luego se desarrollará, y detallará, en la Ley de Vivienda.
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