Pilar Costa, explicando ayer los acuerdos del Govern junto a Iago Negueruela. | Caib

La consellera de Presidència y portavoz del Govern, Pilar Costa, afirmó ayer que «nos gustaría que no hubiera tan excesivo celo» del Gobierno estatal hacia las leyes de Balears y expresó su convencimiento de que «mira con lupa» la legislación balear. Algunas, como la de los ‘ toros a la balear’ fueron recurridas al Tribunal Constitucional y sobre otras pesan avisos previos de inconstitucionalidad.

Este es el caso de las última ley autonómica de Presupuestos (por extender el impuesto turístico a los cruceros, la carera profesional y las tarjetas sanitarias para inmigrantes), la ley del Suelo y la que coordina las policías locales.

La consellera indicó que el aviso previo de inconstitucionalidad no termina siempre en un recurso ante el Constitucional y que antes hay mecanismos bilaterales que permiten llegar a acuerdos. Hay casos en los que se han asumido propuestas del Estado y otras en los que ha sido al revés. Costa recordó que cuando Bauzá era presidente la comisión bilateral entre el Estado y la Comunitat Autònoma que analiza sus desencuentros, se reunió 19 veces y que, en esta legislatura, han sido ocho. «La verdad es que hubo más diferencias entre Madrid y Balears cuando Bauzá era presidente», dijo. Así y todo, se refirió al «excesivo celo» de la Administración central con las leyes de las Islas.

Medio centenar de litigios

El recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno español interpuso contra la ley que regula las corridas de toros y la protección animal es el tercero que se presenta contra una norma del actual Ejecutivo -los otros afectaban a la Ley de Impacto Ambiental y a una disposición adicional de los Presupuestos de 2017 que establecía un complemento económico para el personal médico de Formentera- y el que hace 22 desde el inicio de la autonomía en 1983.

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El recurso de inconstitucionalidad no es el único mecanismo del que dispone el Gobierno central en caso de litigio. De hecho es el que los agota. Antes, puede echar mano del conflicto positivo de competencias y de la cuestión de inconstitucionalidad.

La suma de los tres instrumentos da un total de 51 procedimientos de control interpuestos por el Gobierno central a de Balears desde que se constituyó en comunidad autónoma en el año 1983.

EL APUNTE

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