El principal acusado gesticula delante del tribunal. | Jaume Morey

El Govern ha requerido a los responsables de una asociación LGTB la devolución de 28.000 euros no justificados de una subvención para un piso de acogida para mujeres en riesgo de exclusión que terminó con denuncias de trato vejatorio por parte de las usuarias. Los dos responsables de la entidad, denominada Federación Balear de Asociaciones LGTB, se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados para una vista previa del juicio en el que la Fiscalía les reclama tres años y medio de cárcel por estafa.

El ministerio público sostiene que el gerente de la asociación y una de las miembros de la misma estafaron una subvención al Govern y que desde el primer momento tenían la intención de apropiarse del dinero. Se les concedieron un total de 99.586 euros para los años 2009 y 2010. Según la Fiscalía recibieron toda esa cantidad. Sin embargo, el Govern limita ese dinero a 33.000 euros y por eso se apartó este jueves en el juicio del procedimiento. La Abogacía del Govern mantiene que la asociación sólo justificó unos 5.000 euros y, a través de un procedimiento administrativo se le requiere el pago del resto. El miércoles se comunicó a los dos acusados el último requerimiento para el pago voluntario de los 28.000 euros. Si no lo abonan, se iniciará la vía ejecutiva.

Como, según los cálculos del Govern, las cantidades defraudadas no superan los 120.000 euros no existe un delito de fraude de subvenciones y, por ese motivo, la Abogacía se aparta del procedimiento.

El juicio se celebrará en febrero y se mantienen los cargos de estafa por parte de la Fiscalía. Además, las antiguas trabajadoras de la asociación reclaman por un delito contra sus derechos al no haber recibido sus salarios.