El Govern pedirá al Ministerio de Fomento considerar como servicio público todas las conexiones aéreas entre los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca con la Península, lo que implicaría fijar un precio máximo de referencia para los billetes por cada trayecto. Así lo anunció ayer el conseller de Territori, Energía y Mobilitat, Marc Pons, tras la reunión mantenida con la Asociación de Agencias de Viajes de Balears Aviba, que preside Antoni Abrines, así como con el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, y el director general de Consum, Francesc Dalmau.
La petición del Ejecutivo autonómico viene motivada por la escalada de precios de los billetes aéreos después del aumento del descuento de residente al 75 %.
Pons, tras el informe realizado por Aviba sobre la evolución de los precios, apuntó: «A falta de un análisis más detallado se desprende que el comportamiento de las compañías es bastante heterogéneo. El aumento de precios se da en la mayoría de las compañías, si bien las que más los han incrementado son las de bajo coste».
Puntualizó que establecer una tarifa máxima de referencia es una competencia del Gobierno y debe contar con la aprobación de Bruselas. Al mismo tiempo, defendió que es necesario hacer frente a las «presuntas actuaciones fraudulentas de algunas compañías, aunque hay que especificar que no son la mayoría».
Denuncias
El conseller aclaró que este incremento de precios en los vuelos con la Península también se produce en estos momentos en Canarias, de ahí que el Govern ya ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Fomento para analizar esta problemática y buscar soluciones alternativas.
El presidente de Aviba, Antoni Abrines, recomienda a los consumidores que reserven sus billetes en las agencias de viajes «porque es la única forma para que las aerolíneas no apliquen un doble sistema tarifario y no cobren más a los residentes por volar».
En el gráfico adjunto se aprecia la diferencia del coste de reservar un billete, con descuento de residente, si se realiza en Balears o desde la Península, en este caso Madrid y Barcelona.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en caso de que se compruebe este aumento de precios con el descuento de residente del 75 %, está capacitada para imponer sanciones millonarias a las compañías, que pueden llegar hasta el 10 % de su facturación anual.
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