El Ministerio Fiscal ha mantenido este jueves, durante la exposición de sus conclusiones definitivas en el 'caso Son Espases' su petición de pena de prisión de un año para el expresidente del Govern, Jaume Matas, y le pide también una multa de 31,6 millones de euros por un delito de tráfico de influencias.

En este juicio, que estaba previsto que durase durante todo el mes pero finalmente se ha saldado en dos días, tras el acuerdo entre las partes y la acusación, Matas ha aceptado haber cometido un delito de prevaricación y fraude a la administración pero no el de tráfico de influencias para beneficiar de manera ilícita a la UTE liderada por OHL.

Al admitir estos dos delitos, Matas ha sumado una pena de cuatro meses de cárcel, que se añade a su condena de tres años y ocho meses de prisión por el 'caso Nóos'. Tras quedar la causa vista para sentencia, la Sala deberá determinar ahora si condena al también exministro por este delito o si le absuelve.

Durante su intervención este jueves, el representante de la Fiscalía, Juan Carrau, ha defendido que "la realidad" es que en este caso el tráfico de influencias "se ha llevado por una doble vía", mediante la influencia en la decisión del órgano de contratación y también en la mesa de contratación".

Por su lado, la abogada de la Comunidad, Ángeles Berrocal, se ha manifestado en un sentido similar al del fiscal y ha señalado que "el señor Matas influyó en todo lo que pudo para que ganase OHL, algo que se frustró solo por su filtración a la prensa".

"Hay un tráfico de influencias porque se busca una resolución", ha dicho Berrocal para luego asegurar que "la manera de influir es de las más graves que se ha visto en la Comunidad por la manera directa y reiterada; llegando al punto en que se envió una carta a la Mesa de Contratación de Son Espases".

"Nadie puede influir en una mesa de contratación y la influencia llegó a tal punto que se suspendió la Mesa. "Si se me permite una expresión coloquial: lo nunca visto", ha remarcado.

Por otro lado, debe destacarse, que tanto la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exdirector general del IbSalut, Joaquín Sergio Beltrán, y el empresario Jesús Peinado han admitido haber cometido prevaricación y fraude. Tras llegar a un acuerdo entre las partes, aceptaron distintas penas menores de cárcel que serán sustituidas por multa. En concreto, Castillo deberá pagar 4.800 euros, y Beltrán y Peinado, 5.760 euros cada uno.

MATAS NIEGA QUE HAYA TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Por su parte, el letrado defensor de Matas, José Zaforteza, ha señalado este jueves en sus conclusiones que hubo fraude y prevaricación al contratar de manera directa a Global PM, empresa que valoró las ofertas del concurso de Son Espases y dio como ganadora a OHL -aunque finalmente esta no se hizo con el contrato debido a que se filtró a la prensa-. A pesar de esto niega que se produjera tráfico de influencias. Tal como ha expuesto, si esto fuera así tendrían que estar acusados por esto también "Castillo, Beltrán y OHL".

Cabe recordar que Matas lleva en prisión desde el 13 junio de 2018 pasado --hoy hace un año, exactamente-- con motivo de su condena por el 'caso Nóos'. Antes, ya había cumplido una pena de nueve meses de cárcel en el marco de la primera pieza que fue juzgada dentro del 'caso Palma Arena' por la contratación irregular de un articulista para la redacción de sus discursos.