El anteproyecto está siendo revisado ahora en la Abogacía de la Comunidad Autónoma antes de que se pase a los consells de cada Isla, ya que, aunque se trata de un proyecto del Ejecutivo, éste quiere mostrarlo previamente a los entes insulares.
La futura ley, que no resolverá su modelo de financiación, reconoce la doble condición de los entes insulares, pero al reforzar los de naturaleza institucional, establece para estos los mismos controles que tiene el Govern.
Por primera vez se establecerá una regulación del sector público instrumental (empresas e institutos públicos) y dotará de nuevas atribuciones a los gobiernos de cada Isla.
El anteproyecto suprimirá un organismo, la Comisión Técnica Interinsular, y creará otros mecanismos de coordinación entre los entes insulares y el Ejecutivo de las Islas.
El Govern, en determinados asuntos, podrá coordinar el ejercicio de competencias de los consells cuando afecten a los intereses de la Comunitat Autònoma pero, a la vez, los consells tendrán que ser consultados.
Desde el punto de vista político es lo que la presidenta Francina Armengol ha definido como «federalismo insular». La ley prevé un estatus especial para el Consell de Formentera.
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