El Consell de Mallorca podrá penalizar con hasta 150.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de ITV si el tiempo de espera para obtener una cita supera los 30 días. Estas multas se podrán imponer una vez el nuevo contrato entre en vigor, cuya fecha prevista es el 1 de enero de 2020.
Este nuevo contrato establece que el tiempo medio de espera para la ITV (realizado a partir de un cálculo semestral) deberá ser de 13 días. Si el tiempo medio de espera es de entre 14 y 20 días, las penalizaciones podrán alcanzar los 50.000 euros, y si fuera de entre 20 y 30 días, los 100.000. En la actualidad, y desde principios del verano –con el contrato viejo en vigor–, los chóferes esperan hasta 3 y 4 meses para una cita.
Otras novedades indican que el tiempo de espera se reducirá notablemente a partir del próximo año. El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, explicó que el nuevo contrato establece que las revisiones se realizarán en 19 minutos de media, cuando en la actualidad se necesitan unos 40. Será posible gracias a la implementación del pago telemático. Asimismo, el nuevo contrato contempla sanciones de hasta 10.000 euros si el tiempo de las inspecciones supera en un 10 por ciento los 19 minutos y de 150.000 si se tardara más de 38.
El Consell aprobó este jueves las tasas de las inspecciones para 2020, que serán un 25 por ciento más baratas. El conseller destacó que será la tercera región del Estado (solo por detrás de Andalucía y Extremadura) con las tasas más baratas.
El PI situó esta rebaja en torno al 10 por ciento y atribuyeron la el descenso al hecho de que, en adelante, los conductores no tendrán que abonar el IVA, cosa que ahora sí hacen.
Toni Amengual (PI) añadió que los vehículos de empresas y autónomos no disfrutarán de la rebaja, dado que ellos pueden recuperar el IVA.
El pleno aprobó también, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, una iniciativa del PSIB, Podemos y Més para declarar el «Estado de Emergencia Climática» en Mallorca. Vox puso en duda la existencia de la crisis climática. Cuatro entidades –el GOB, la Federació d’Associacións de Veïns de Palma, la asociación de vecinos de Son Rapinya y la plataforma Ponent-Potent– asistieron al debate y recriminaron a los partidos de izquierda que esa declaración era «incompatible» con la autopista de Campos, los vertidos de depuradoras o el modelo urbanístico y territorial. En este sentido, instaron a la izquierda a no hacer «declaraciones vacías» y tomar «medidas efectivas» contra la emergencia climática.
Por otro lado, el gobierno admitió que no ha destinado a entidades del tercer sector y políticas sociales los 2,3 millones de euros ingresados en 2017 y 2018 a raíz de sentencias por corrupción, tal y como el pleno había acordado. Quien reprochó el incumplimiento fue Margalida Roig, consellera insular por Ciudadanos.
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