Si algo dejó claro el presidente del Gobierno en su visita a Mallorca en agosto, es que no había ninguna posibilidad jurídica de pagar a las comunidades el dinero que se les debía de las entregas a cuenta. | Jaume Morey

El Consejo de Ministros encontró finalmente una fórmula legal y este viernes acordó abonar 4.682 millones a las comunidades autónomas de los que 101,63 serán para Baleares. Es una parte de los 177 millones que se adeudan a Baleares como consecuencia de la imposibilidad de aprobar los Presupuestos generales para este año, circunstancia que llevó a la convocatoria de las elecciones el próximo 10 de noviembre. De hecho, el acuerdo se adopta cuando apenas falta un mes para la cita electoral.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó el año pasado al Govern balear que en 2019 recibiría casi 100 millones más en concepto de financiación autonómica. La cifra que se entregó a la entonces consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, era de 2.665 millones de euros; ese es el dinero que la consellera incluyó en los Presupuestos de la Comunitat para este año.

El Gobierno de Pedro Sánchez no logró que el Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de Presupuestos por lo que el pago de ese dinero extra que sí figura en los Presupuestos de Baleares quedó en el aire como consecuencia de la convocatoria electoral.

Hasta hace una semana, el Gobierno ha mantenido que, al estar en funciones, no tenía ninguna posibilidad de abonar la cantidad debida a las comunidades autónomas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así lo aseguró en la rueda de prensa que ofreció este verano en Marivent tras el despacho con el rey Felipe. Afirmó que no era «legalmente posible» que un Gobierno en funciones realizara este pago adicional y descartó cualquier opción para hacer este ingreso.

Pese a estas declaraciones, la Abogacía del Estado emitió esta misma semana un informe que permite el desbloqueo de la situación por «urgente necesidad». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó este viernes que el pago de estas cantidades no puede afectar a la ejecución presupuestaria del Gobierno dado que es imposible que haya presupuesto y añadió que algunas comunidades autónomas se iban a encontrar con «problemas de tesorería» a fin de año si no se aprobaba el pago.

Una de estas comunidades es Baleares. El Govern ya sabe que acabará el año con déficit debido a la caída en los ingresos tributarios. No se compran tantas viviendas y eso afecta al impuesto que cobra el Govern por cada transacción. La entrega de esos 101,63 millones liberará parte de la carga y permitirá rebajar en parte el déficit.

Satisfacción en el Govern

El Govern ha acogido con satisfacción el anuncio de que recibirá parte de los 177 millones que le debe el Govern en concepto de entregas a cuenta. La consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, ha exigido el pago en diversas ocasiones. También desde el PP se ha exigido el pago de esta deuda y se ha criticado la «tibieza» del Govern de Francina Armengol. Critican que el Ejecutivo fue mucho más contundente cuando se produjo una situación similar durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los ‘populares’ consideran, además, que el momento que se ha elegido es electoralista.

El Govern está ahora a la espera de que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para entregar el plan de ajuste, pero parece improbable que este órgano se reúna antes de las elecciones.