El Govern prohíbe instalar nuevos puntos de juego en las Islas durante dos años

Aprueba una moratoria para poder planificar esta actividad de forma ordenada y con protección al menor

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El Govern ha tomado esta decisión para tratar de conseguir un juego responsable con una especial atención a la protección del menor. Ahora se congela la concesión de nuevas licencias para evitar una avalancha de peticiones mientras se tramita la legislación.

El Govern ha tomado esta decisión para tratar de conseguir un juego responsable con una especial atención a la protección del menor. Ahora se congela la concesión de nuevas licencias para evitar una avalancha de peticiones mientras se tramita la legislación.

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El Govern congela durante dos años la instalación de nuevos puntos de juego en las Islas para poder acometer sin presión una legislación específica que ordene el sector y haga una planificación de nuevas instalaciones. La medida, propuesta por el vicepresident Juan Pedro Yllanes, afecta a nuevos casinos, bingos, salones de juego, zonas de apuestas en salones de juego y locales específicos de apuestas en toda la Comunitat Autònoma.

«Es un instrumento eficaz para que no haya una avalancha y nos convirtamos en Las Vegas low cost», aseguró el vicepresident del Govern. La medida es, de hecho, una moratoria de 24 meses, ampliable a voluntad en caso de que el Ejecutivo no haya aprobado para entonces la nueva planificación que afectará al sector.

«Este acuerdo es el más contundente que se ha puesto en marcha en el Estado», añadió Yllanes, quien opinó que, en los últimos años, el juego se ha convertido en un «problema social» con especial afectación a los colectivos más vulnerables. El Govern argumenta que la medida responde a razones de interés general de orden público, salud pública, seguridad y protección de los derechos de los usuarios, con una especial atención a los menores, que quedarán protegidos de forma específica con la nueva planificación.

Balears recauda unos 34 millones de euros cada año por la actividad que se desarrolla en los tres casinos, cuatro bingos y 4.000 máquinas tragaperras que hay en las Islas. Las principales operadoras de este tipo de negocio son de capital español.

El Govern insiste en que el objetivo de esta planificación de futuro es ordenar la oferta del juego responsable, sin olvidar el equilibrio necesario con los intereses económicos del sector. La voluntad es introducir medidas de racionalización, a la vista del espectacular incremento y la concentración de salones de juego y apuestas en Balears.

La normativa del juego es una competencia exclusiva de la Comunitat y ahora mismo hay una regulación que establece una distancia mínima de 100 metros desde el acceso de estos establecimientos a las entradas de los centros de enseñanza de menores de edad, zonas de ocio infantil o centros de atención a menores.

Tanto Cs como la defensora de la Ciudadanía del Ajuntament de Palma, Anna Moilanen, enviaron comunicados en los que felicitan al Govern por esta iniciativa. Cs recuerda que ya lo pidió en el Ajuntament de Palma. Moilanen también se felicita por el acuerdo, que era una demanda de entidades ciudadanas.

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