Uno de los presuntos implicados en la violación grupal a una menor tutelada a su llegada al Juzgado. | Alejandro Sepúlveda

La violación grupal de una menor tutelada el pasado 24 de diciembre –desvelada en primicia por Ultima Hora– ha provocado una gran conmoción social y ha puesto en el punto de mira un grave problema que, si bien existe desde hace años y no es exclusivo de Baleares, requiere de una urgente actuación: la explotación sexual de menores, muchos de ellos bajo el paraguas del sistema de protección del menor.

El llamado ‘caso Corea’ ha ido desencadenando un goteo de informaciones diarias y desde el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) se ha reconocido tener constancia de hasta 16 posibles casos -15 chicas y un chico- de jóvenes tutelados víctimas de explotación sexual infantil (ESI).

Reuniones de coordinación, críticas de la oposición, debates sobre las competencias y la implicación de cada uno de los agentes involucrados -Servicios Sociales, Fiscalía, Policía y Guardia Civil-, declaraciones de unos y otros o peticiones de comparecencias y dimisiones de los responsables políticos, han ido copando portadas y contenidos de los principales medios de comunicación, no sólo de la isla sino también de ámbito nacional.

Conductas inapropiadas

Apenas una semana después del estallido de este escándalo, Ultima Hora sacaba a la luz el despido en cuatro años de cinco educadoras de los centros socioeducativos de justicia juvenil que gestiona el Govern, por conductas sexuales inapropiadas con internos. Días más tarde se supo de otros dos casos durante la última legislatura del PP, aunque ninguno de ellos acabó en despido.

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El mismo día en que este diario publicaba la exclusiva -el 15 de enero-, la consellera Fina Santiago convocaba una rueda de prensa para informar de unos hechos que, posteriormente, relató al detalle en su comparecencia del martes en el Parlament.

La responsable balear de Servicios Sociales defendió su gestión y aseguró que el mensaje que había dado la Conselleria había sido contundente: tolerancia 0 ante cualquier conducta sexual inapropiada. Unas explicaciones que no convencieron a los partidos de la oposición, que reprobaron su falta de autocrítica y le exigieron que asumiera responsabilidades e incluso dimitiera.

A lo largo de su intervención, Santiago apuntó a la falta de implicación tanto de Fiscalía como de Policía. Unas polémicas declaraciones que no tardaron en recibir respuesta y que tuvieron que ser matizadas por la consellera.

Y si el martes Santiago comparecía en la Diputación Permanente del Parlament, el viernes Javier de Juan hacía lo propio en pleno extraordinario del Consell.

Arropado por todos sus directores insulares, trabajadores del IMAS y representantes del Tercer Sector, de Juan empezó su intervención asegurando que asumía su responsabilidad y expresó su deseo de mantener un debate serio y constructivo, antes de proceder a informar de los pasos que se siguen cada vez que se detecta una posible situación de ASI y de todo lo que se puede hacer para combatirla. También quiso hacer autocrítica y admitió que «algunos casos no se han podido salvar y hay que mejorar», además de asegurar en otro momento de su intervención que «dimitiría ahora mismo si con ello acabaran los abusos sexuales».