El Govern ya tiene un primer cálculo de cuánto costarán las medidas sociales y sanitarias que se han tenido que tomar de urgencia para combatir la crisis de la COVID-19. El pago de las prestaciones derivadas de los ERTE supondrá un desembolso de 1.200 millones de euros. Si el Gobierno accede a prolongar estas ayudas hasta septiembre, como espera el Govern, la factura la pagará Pedro Sánchez; si al final no se cumple la petición de Balears de que los ERTE se alarguen más allá del estado de alarma, el Govern se compromete a financiar una parte con créditos a las empresas para mantener estas prestaciones a los trabajadores.
Los datos los ofreció la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, en el pleno del Parlament, el primero que se celebra desde que se decretó el estado de alarma. Se hizo con singularidades dada la situación: tan solo hubo diez preguntas de control al Govern y asistió una representación de los diputados en lugar de los 59 que componen el pleno.
Sánchez detalló también el coste que ha tenido hasta la fecha las medidas extraordinarias adoptadas por el Govern. En apenas un mes ha gastado 80 millones de euros, de los que 40 corresponden a material sanitario, 20 más son medidas sociales y otros 20 millones son el coste de la línea de financiación a empresas a través de ISBA. El Govern calcula que esas medidas de apoyo facilitarán una inyección de unos 220 millones a la economía balear.
La consellera respondía a una pregunta formulada por el diputado del PP Antoni Costa. El diputado de la oposición dijo que los ‘populares’ tienen la sensación de que el Govern no tiene un plan y va improvisando y le recordó que ellos han presentado un plan de reconstrucción que implica una inyección económica de 1.400 millones de euros, con medidas para autónomos, y de creación de una renta mínima de 590 euros mientras dure esta situación de emergencia.
La comparecencia de Santiago
Precisamente la consellera d’Afers Socials, que comparecía en el Parlament para explicar su gestión durante la crisis, consideró urgente que el Gobierno ponga ya en marcha esta renta mínima sobre la que hay discrepancias entre PSOE y Podemos. Urgió a que entre en vigor de inmediato y señaló que el Govern no tolerará que desde el Gobierno trate de limitarse sus competencias. Balears ya tiene una renta mínima propia que complementaría a la nacional.
Santiago defendió su gestión y aseguró que las residencias de mayores han contado con protección sanitaria desde que comenzó la crisis. Admitió que ha podido haber errores, pero explicó que incluso los técnicos han ido cambiando de opinión ante una situación que era cambiante. Afirmó que su prioridad ha sido la protección de los más vulnerables, entre los que están las personas con dependencia o los que viven solos.
La diputada del PP Marga Durán reclamó «más información, transparencia y diligencia en sus actuaciones» y lamentó que, durante más de un mes, solo hayan tenido información de su departamento por los medios de comunicación. También pidió que se realicen test a todos los trabajadores y usuarios de las residencias de la tercera edad y lamentó la falta de material, previsión y protocolos.
2 comentarios
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Para hacer cuentas son mas rápidos que la luz, para lo demás tranquilidad. Y si avía material como es que se a infectado tanta gente, un poco mentirosa si que eres, no?
Bla bla bla y al final caos total