La Okupación, un nuevo negocio

Luego está Víctor, que ofrece su casa a un amigo, pero al tiempo le pide que se marche. No lo hace. Esto respondería a un allanamiento de morada. En un proceso judicial, el propietario demanda al inquilino para ejecutar el desahucio. Aquí dependerá de si tiene o no derechos la persona que habita en el interior. Son situaciones que miles de personas viven cada año en España, aunque estos acontecimientos ocurran en residencias no habituales o inmuebles vacíos de empresas, bancos o fondos buitre.

Luis Fernando Paguaga, abogado del despacho Salas & Cerdá, recuerda que desde hace justo un año existe la ley del desahucio exprés, un arma factible en los casos de ocupaciones ilegales que se conocen en menos de 72 horas.

Las denuncias por ocupación ilegal de vivienda en el país ascienden a 7.450, 357 más que en 2019, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Sin embargo, este hecho no representa a la mayoría de las comunidades autónomas, donde el número de denuncias tienden a la baja, como en Balears: 132 de las 164 interpuestas en 2019, aunque el ejercicio no ha finalizado.

Empresas antiokupas

Son las sombras de aquellas personas que van contra la ley. Dan una garantía de éxito de un 98 % y consiguen el mejor resultado para el cliente. Jorge Fe es gerente de Fuera Okupas, una empresa especializada en la intermediación amistosa de pisos ocupados de forma ilegal. «Hemos notado un incremento importante después del confinamiento. Sobre todo en las zonas de Mallorca e Ibiza», asegura Fe al otro lado del teléfono. Reciben más de 300 llamadas al día a nivel nacional y habla ya de una ‘nueva ocupación’ en la nueva normalidad: «Se trata del inquilino que no paga y del okupa que se vuelve inquilino. El okupa tradicional ha visto una oportunidad en los alquileres. Pagan solo el primer mes, luego entran en un proceso judicial y disfrutan, mientras, hasta dos años del inmueble, que es lo que tarda en resolverse el juicio». Para Fe, la ocupación ilegal ha aumentado «un 300 %» en los últimos meses.

El perfil de las vivienda que acaban en el ‘mercado okupa’ suele ser propiedad de entidades financieras. Es un nuevo concepto de hacer negocio: ‘vender’ (de forma ilegal) un piso okupado a un precio que oscila entre 1.500 y 3.000 euros. Se trata de la apertura de puerta», explica Fe. «Pondremos el ejemplo de una casa en una zona de veraneo. El nuevo inquilino paga una cantidad para habitar en ésta un tiempo indefinido».

En este punto aparecen los negocios inmobiliarios, que venden dichos inmuebles con el inquilino ilegal. Son empresarios o bancos los que, normalmente, se encuentran detrás de este tipo de operaciones, que les supone un precio inferior al de tasación.

Pisos de bancos

«Son un caramelito para los okupas». José Gómez es gerente de una asesoría inmobiliaria e hipotecaria ubicada en Palma. Da servicio a siete entidades financieras y cuenta que, tras conseguir la homologación para poder comercializar los inmuebles del portal Haya, «más del 90 % de las viviendas a la venta parecían okupadas». En Balears, de los 121 inmuebles publicados, 78 tienen la condición de «ocupados».

«Este hecho ha supuesto la creación de un mercado nuevo, porque hay inversores que compran estas viviendas ocupadas a precio menor y obtienen, por lo tanto, una mayor rentabilidad. Es un problema en el sentido de que las viviendas de bancos suponen una facilidad de financiación». Gómez recuerda que las viviendas okupadas no se pueden tasar ni hipotecar.

En consonancia, Paguaga considera que se especula con este tipo de inmuebles, e impide que el particular «cada vez tenga menos oportunidad para acceder a una vivienda, sumado con la situación de vulnerabilidad que se produce por la crisis».

Fe, por su parte, lamenta que muchas veces «se premie al sinvergüenza». El perfil más repetitivo, cuenta, es el del «delincuente ocupando la casa ajena para utilizarla como narcopisos, o para el cultivo de marihuana».

La plataforma Stop Desnonaments recibe diariamente una «avalancha sin precedentes» de nuevos juicios de alquiler tras la nueva normalidad. Según apunta Joan Manuel Segura, uno de los portavoces de la entidad, han aumentado las ocupaciones «desesperadas» de todo tipo. En concreto, cuenta, «la inmensa mayoría son de bancos o empresas y lo hacen por necesidad». En 2019, Stop Desnonaments asumió 30 fechas de lanzamiento, de las que, asegura, «nos ejecutaron cuatro. Una barbarie», lamenta.