La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es el nombre oficial del llamado ‘banco malo’. Gestiona buena parte de las viviendas que quedaron en manos de los bancos como consecuencia de los numerosos desahucios que provocó la crisis que se inició en 2008.
Con la llegada de los partidos de izquierda al poder, el Govern de Francina Armengol se puso en contacto con la entidad para que cediera parte de estos inmuebles con el fin de destinarlos al alquiler social, ya que el problema de la vivienda comenzaba a despuntar en las Islas. En el año 2015, el Govern y la Sareb firmaron un convenio para la cesión de 90 pisos de los casi 2.000 que se calculaba entonces que estaban en manos de los bancos.
La sorpresa y el malestar del Govern fue mayúscula cuando, al inspeccionar estos pisos, comprobó que 46 de ellos eran inhabitables porque estaban en unas condiciones pésimas o bien ya estaban okupados ilegalmente. El Ejecutivo devolvió esos pisos y se quedó con los restantes.
Giro de guión
Ahora la situación ha dado la vuelta por completo y es el Govern quien no devuelve los pisos porque se han instalado okupas. Una parte del grupo de pisos que se quedó el Ejecutivo se cedió a la Cruz Roja, a través de un convenio, para que se alojaran inmigrantes sin recursos recién llegados a las Islas. Hay 21 pisos que están alquilados a través de ese convenio.
El Govern mantiene ahora contactos con la Sareb para ver qué sucede con el convenio, que está en suspenso desde octubre. Se quiere ver si se prorroga, se amplía o se anula en función de las necesidades del Ejecutivo.
La Sareb tiene previsto realizar inversiones inmobiliarias en las Islas en los próximos siete años. Se calcula una inversión de 116 millones de euros en el desarrollo de más de 700 viviendas en distintos municipios. Entre 2013 y 2019 invirtió cerca de un millón de euros en el desarrollo de promociones residenciales en suelos y en la finalización de proyectos inmobiliarios que estaban sin terminar.
Durante ese mismo periodo, la Sareb calcula que gastó 51,9 millones de euros en las Islas fruto del pago de comunidades de vecinos, el abono de los gastos de mantenimiento, la tributación del IBI, y la retribución de los comercializadores, según informa la entidad a través de un comunicado.
Pincha el programa para rehabilitar casas a cambio de cederlas para alquiler social
La apuesta del Govern por conseguir vivienda pública se ha dirigido en varios frentes que han ido desde los convenios con la Sareb a la obligación de que los grandes tenedores –bancos y fondo buitre en su mayoría– le cedan sus pisos vacíos a cambio de un alquiler.
Uno de los programas que puso en marcha el Govern y que no ha funcionado es la opción de que el Ejecutivo pagara la reforma de una casa o de un piso a cambio de que sus propietarios cedieran las viviendas para el alquiler social.
Según consta en una respuesta parlamentaria del conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, al diputado del PP José Luis Camps, con esta fórmula solo se ha conseguido una vivienda en el municipio de Santa Maria y otras tres en el de Eivissa.
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