La consellera Gómez durante su comparecencia de ayer ante el pleno del Parlament. | JAUME MOREY

La consellera de Salut, Patricia Gómez, disculpó la vacunación de algunas personas que ocupaban cargos públicos y no estaban en el protocolo inicialmente aprobado en la «confusión» que se generó «el primer día», 27 de diciembre del pasado año, al sobrar algunas dosis. ¿Puede admitirse eso como el reconocimiento de un error? Sí, según la consellera pero no como un caso de favoritismo a cargos políticos del PSIB.

«Si se pusieron 11 dosis más a otras personas era porque sobraban y la alternativa era tirarlas porque no se podían conservar. Esta situación fue excepcional y no se ha vuelto a repetir. Dejen de criminalizar a excelentes profesionales y personas muy honradas».
La consellera dijo que algunas de las personas vacunadas ni siquiera militan en el PSIB y que algunos gerentes y cargos de Salut ya venían de la etapa del PP.

La presidenta Armengol, antes de que lo hiciera la consellera, también había aludido a este asunto. «Nadie se ha vacunado por ocupar un cargo político saltándose el protocolo».
Pero ese asunto no está cerrado. Tanto Miquel Ensenyat (Més) como Antoni Martín (Podemos) le insistieron en aclararlo todo. El Govern cree que ya lo ha hecho. En este tipo de debates, lo que pueda decir el portavoz del PSIB no suele interesar demasiado. Sin embargo, Juli Dalmau, que intervino, le dijo a la consellera: «Sea implacable con quienes se hayan saltado su turno de vacunación así como transparente en los casos que generen duda».

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No habló con el obispo
Martín mostró su «preocupación» por «cualquier trato de privilegio» que se haya podido dar», por lo que se debe «aclarar lo ocurrido», también en el caso de la vacunación del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. Gómez dijo que no había hablado con éste. Podemos apoya abrir una comisión de investigación.

Para Ensenyat, la vacunación de «determinados colectivos denota que tenemos un problema y que las cosas no se han hecho como se tenían que hacer». Més reiteró que este asunto debe analizarse en la Comisión Ética.

La diputada del PP Tania Marí reiteró que la Oficina Anticorrupción tiene que investigar. Según Marí, «aquí hay ciudadanos de primera y segunda y hasta sus socios de Podemos y Més le exigen que haga pública la lista de altos cargos vacunados».

Juan Manuel Gómez (Cs) también reclamó una comisión, Lina Pons (PI) pidió claridad en los protocolos e Idoia Ribas (Vox) reclamó «ceses» para que quede claro que «usted no está detrás».