El decreto está pensado para agilizar el pago de las ayudas al alquiler.

Los propietarios de VPO que las tengan alquiladas deberán cobrar el precio de alquiler que marque el Govern o de lo contrario se exponen a sanciones por cobrar más de lo debido. El Govern aumentará las inspecciones sobre este parque de vivienda y, si se detecta algún abuso de este tipo, el contrato se dará por resuelto.

Solo habrá una excepción para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad. En ese caso, el propietario deberá bajar el precio al inquilino y compensarle por todo lo que haya cobrado de más.

Es una de las medidas que se pretenden reforzar con el decreto ley que este lunes aprobó el Consell de Govern y que modifica algunos aspectos de la Ley de Vivienda. El decreto está pensado básicamente para agilizar el pago de las ayudas al alquiler y para ello se eliminan una serie de condiciones que hasta ahora eran de obligado cumplimiento, como el hecho de que los propietarios tuvieran la obligación de depositar la fianza para que el inquilino cobrara las ayudas.

El decreto amplía además las posibilidades de las administraciones para hacerse con viviendas de los grandes tenedores. Hasta ahora, el Govern no ejercía el derecho de compra preferente sobre la venta de viviendas unifamiliares entre grades propietarios, pero ahora se podrá hacer a instancias de otra administración que pueda estar interesada en hacer allí un centro social, por ejemplo.

El decreto presentado este lunes por el conseller d’Habitatge, Josep Marí, incrementa la lucha contra la infravivienda, tanto en venta como en alquiler, y se refuerzan las sanciones y las llamadas multas «coercitivas», aquellas que se van poniendo de forma sucesiva si hay reiterados incumplimientos de las obligaciones que marca la ley.