El proyecto de Llei d’Educació no hizo ayer más que empezar su andadura política. Tendrá que pasar por el Parlament –que celebra el miércoles su último pleno ordinario del periodo de sesiones– y será allí donde se debata, se replanteen algunos puntos o se incorporen otros nuevos.
Portavoces de los grupos parlamentarios realizaron ayer una valoración de urgencia pero ya fueron marcando terreno: se dibujan dos bloques.
De un lado, el del centroderecha: desde el PP a Vox pasando por Cs. Los tres partidos coincidieron, aunque con matices, en remarcar su sesgo ‘ideológico’. Núria Riera (PP) dijo que están dispuestos a «sentarse a negociar» pero que, por ahora, «sólo es proyecto del Consolat de Mar». Jorge Campos (Vox) ni se plantea negociar. Lo mandará directamente al Tribunal Constitucional. Patricia Guasp (Cs) ve «una irresponsabilidad llenar de ideología una ley que debería ser un asunto de Estado».
El tripartito
Los tres partidos que forman el Govern elogiaron el proyecto. Pilar Costa (PSIB) lo elogió, destacó algunos puntos y tendió la mano a la oposición para que la ley educativa «tenga el máximo consenso», ya que «nace con visión de futuro y para perdurar en el tiempo».
Més y Podemos marcaron perfil y aprovecharon para señalar qué sin su presencia en el Ejecutivo esa ley había sido diferentes. La portavoz de Educación de Unidas Podemos, Gloria Santiago, también puso algún reparo. Dijo que presentará enmiendas para que el objetivo de destinar un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto (PIB) a educación sea inmediato, en lugar de progresivo. También se atribuyó que no aluda a la religión.
El coordinador de Més, Antoni Noguera, aludió al «blindaje» del catalán y a la defensa de la identidad.
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