Fina Santiago en una terraza de la Conselleria con vistas al Passeig Sagrera. | Jaume Morey

Fina Santiago no se ha ido formalmente de vacaciones aunque se ha tomado «días sueltos». Esta semana ha sido doblemente protagonista: por la llegada de pateras con migrantes –deja claro que el Ejecutivo no tiene competencias en el plazo de 72 horas en que quedan en custodia policial– y por la oferta del Govern para dar refugio a mujeres y niñas que puedan escapar al régimen talibán.

—¿Coincide con el ministro del Interior en la idoneidad del trato a los inmigrantes?

—Si se refiere a la protección de inmigrantes en Balears y a la aplicación de medidas jurídicas, yo diría que sí, pues se aplican los protocolos establecidos. Si lo que me pregunta por el hecho de que estén 72 horas en un garaje [de la Jefatura Superior de Policía], no.

—¿Y hay algún modo de hacérselo saber al ministro?

—Conoce nuestra posición. Se ha hemos hecho saber a la delegada del Gobierno, con quien mantenemos una relación muy fluida.

—¿Y que le ha respondido?

—Eso tendría que decirlo la delegada del Gobierno.

—¿Debería contar Balears con un centro de primera atención a la inmigración ajeno al sistema carcelario de los llamados CIES como se barajó en su momento?

—No soy partidaria de crear ningún centro ya que ni el volumen ni la intención de quienes llegan a las Islas lo justifica. La intención del 95% de quienes desembarcan en Balears es llegar a la Península y luego a Europa. Y, desengañémonos: no existen centros de internamiento de carácter humanitario.

—¿Dónde empiezan y acaban las competencias del Govern?

—Todo lo que se refiere a la llegada de inmigrantes en situación de irregularidad es competencia del Gobierno estatal, que tiene el control de las fronteras. ¿Cuál es la nuestra? Facilitar su integración cuando residen aquí. No hacemos una política especial de integración, sino que damos apoyo a los municipios para que tengan recursos. Nuestra legislación social no diferencia entre una persona inmigrada en situación de irregularidad administrativa o una residente. Si precisan renta social, se les concede, este o no regularizado.

—¿Y en ese lapso de 72 horas hasta que se toma una decisión?

—Colaboramos con la Delegación del Gobierno. No es fácil hacer frente a la llegada de 200 personas. En esas 72 horas se tiene que determinar si una persona es expulsada o debe ser llevada a un centro de internamiento. Pero si no ha cometido ningún delito, más allá de la irregularidad de entrar en el país, es libre. Pero, a la espera de su traslado a la Península para regresar a su país el Govern, con ayuda de la Cruz Roja, se ocupa de cubrir sus necesidades básicas.

—El Govern ha ofrecido acogimiento a mujeres afganas.

—Tenemos dos centros con ocupación baja y se lo hemos dicho al Gobierno estatal.

—El discurso de la ultraderecha es que refugiados e inmigrantes reciben más que las personas de aquí con esas mismas necesidades.

—Que expliquen que es lo que se les da que no se dé los de aquí y sí a refugiados o inmigrantes ¿No se da renta social, educación y asistencia sanitaria a quién lo necesita?, ¿no existen albergues si alguien no quiere dormir en la calle? Nada que se le niegue a los residentes.

—Le persigue el caso de la niñas tuteladas prostituidas. El PP anuncia que investigará cuando gobierne.

—Que se investigue lo que haga falta aunque está todo investigadísimo; está absolutamente investigado, tanto por la Fiscalía como por el Consell de Mallorca, que es quien tiene las competencias. No me tomo como ninguna amenaza que el PP diga que se investigará. Que vayan al fiscal.

—Si se ha investigado, ¿qué pasó?

—Entiendo que sea difícil explicarlo, entiendo que resulte difícil entender de quién son las competencias en menores. Entiendo que la gente crea que el Govern está siempre por encima del Consell y no es así. El Govern no tiene acceso a los expedientes de esas niñas. El Consell creó una comisión y concluyó que estos hechos no afectan sólo a niñas tuteladas, sino a toda la sociedad y a un sistema patriarcal. Hay que mejorar los protocolos de actuación.

—¿Prohibiría la utilización del burka de estar en su mano?

—Por supuesto que sí. Es la negación de la identidad.

—¿Y el velo o el hijab islámico?

—Eso es más discutible. Puede entenderse como símbolo cultural o religioso. Si su uso es voluntario no lo prohibiría, igual que no prohibiría símbolos de otras religiones.

—Ha sido consellera tres veces.

—No habrá una cuarta.

—¿No está muy difuminado el papel de Més en el Govern y más con la pandemia y el protagonismo de las conselleries del PSIB?

—Ese es el debate de todos los gobiernos de coalición pero yo sí creo que hemos tenido visibilidad. Més lleva la Conselleria d’Afers Socials y la política social es uno de los fundamentos de este Govern. Sí, es cierto que con la pandemia se ha llevado el protagonismo la Conselleria de Salut pero, además de la crisis sanitaria, luego están las medidas sociales que se toman.

—¿Qué espacio político es el de Més?

—Verde, izquierda y soberanista; que no es sólo independentista.

—¿Y feminista?

—Lo podemos poner. Pero es una obviedad. No se puede ser de izquierdas sin ser feminista. Aunque ahora Marga Prohens se quiera apropiar del término.

—También dice que será presidenta.

—Pues va a ser que no; haremos lo posible para que no lo sea y que la izquierda revalide la mayoría en las próximas elecciones.