Una enmienda de El PI. Lina Pons, anterior portavoz de El PI, y Josep Meliá (actual) en una escena poco frecuente: hablando. Melià celebró la aprobación de su enmienda. | PILAR PELLICER

El pleno del Parlament «constató» ayer que «el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 vuelve a dejar a Baleares por debajo de la media de inversiones territorializadas». Eso sucedió después de que Més per Menorca aceptara una enmienda de El PI a una moción muy crítica con la gestión del Govern que presentó Josep Castells.

Este rechazo –que llega en plena polémica por el REB y por las inversiones– no tiene un efecto práctico pero refleja la división del Govern en su relación con Madrid –Més per Mallorca apoyó este punto y otros de la moción– pese al empeño de la presidenta Armengol en presentar las cuentas de 2022 como las mejores para las Islas.

Además de cuestionar el proyecto de Presupuestos (PSIB y Podemos votaron en contra por no estar de acuerdo y Vox «porque el Parlament no tiene competencias para rechazarlos»), la Cámara (esta vez con el voto de todos los partidos, salvo Podemos y PSIB) también «constató» que las inversiones anunciadas en el pasado no se habían concretado y que la suma que llegara con el Factor de Insularidad «queda por debajo» de lo esperado. La moción de Castells iba más allá y planteaba una censura en toda regla aunque no tuvo el apoyo del ecosoberanismo mallorquín.

Reproche
La presidenta Armengol se mostró dura con el diputado menorquín cuando respondió a su pregunta semanal. Dijo que no entendía sus constantes críticas por la gestión de fondos europeos (también se abordó este tema) y le dijo algo que, habitualmente, se reserva para el PP: que «por qué no se sumaba» al plan de reactivación. Antoni Costa (PP) no ocultó sus satisfacción.

Armengol se quejó de las críticas. Según dijo, «estamos por encima de la media» y otras comunidades que reciben más es porque se les imputa AVE y carreteras. Insistió en que no había que minimizar los 183 millones del Factor de Insularidad.

«Baleares podrá co-decidir junto al Estado las inversiones por la insularidad, «cosa que no pasa ni en Cataluña», concluyó.