En total, el doctor reconoce ser el autor de 94 delitos diferentes de descubrimiento y revelación de secretos por colocar cámaras ocultas en vestuarios, cuartos de baño e incluso en algún domicilio particular. Por cada uno de esos delitos le corresponden condenas de un año y ocho meses o un año y tres meses. Es decir, penas que superan el siglo de cárcel pero que, por el mecanismo del triple de la mayor hace que quede un periodo máximo de cumplimiento de cinco años de cárcel.
Las acusaciones reconoce que el médico padece un trastorno psicológico, lo que le supone una importante reducción de la condena inicial que se solicitaba, que era de un total de diez años. Además de esa eximente incompleta también se le concede otro atenuante de reparación del daño porque ha avanzado dinero para indemnizar a los afectados. Las víctimas cobrarán cuantías según el número de grabaciones y otras circunstancias, pero el mínimo es de 1.500 euros. El acusado tiene bienes suficientes para hacer frente a los pagos pero, en caso de cualquier problema, la Comunitat Autónoma, que además ejercía la acusación, asume su condición de responsable civil subsidiario y avanzaría las indemnizaciones.
Durante el juicio, el médico ha estado tranquilo. Su defensa solo planteó una petición: que en el fallo de la sentencia conste que su condena es de cinco años y no el total de cada uno de los delitos. «Es lo que me pide el cliente». Como la aplicación del triple de la mayor es un automatismo, la sala accede a esa reclamación.
El caso del médico, especialista en cuidados intensivos, se destapó en septiembre de 2018 cuando una enfermera descubrió que había sido grabada. A partir de ahí, la investigación policial descubrió que el doctor había empleado durante tres años cámaras ocultas para espiar de forma sistemática a cualquiera que entrara en los vestuarios, la mayoría compañeros suyos.
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