Una clase de un centro concertado de Balears. | Gemma Andreu

La Conselleria d’Educació ha incrementado la inversión en la concertada un 28 % desde 2015, cuando el Pacte formó gobierno. De este modo, mientras que ese año se destinaron 3.159 euros por alumno, este 2022 el gasto ha aumentado hasta los 4.038 euros, es decir, 879 euros más que hace siete años. Además, la subida se ha producido pese a que el número de estudiantes no ha variado, pues durante este tiempo la concertada ha pasado de tener 52.554 alumnos a 52.305, lo suponen 249 menos, según datos facilitados por la Conselleria. En cifras totales, el Govern ha pasado de destinar a la concertada 169.929.624 euros en 2015 a 207.436.837 este año, lo que implican 42 millones más de presupuesto para pagar nóminas y gastos de funcionamiento de los centros. Toda esta inversión se ha traducido en 91 unidades desde 2015 y la incorporación de 352 profesores, aseguran fuentes d’Educació.

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Los 42 millones no incluyen los 9,4 millones que en los últimos dos años se han destinado a causa de la COVID para contratar profesores sustitutos y comprar material sanitario. «Los hemos tratado como a los centros públicos», puntualiza el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern, Antoni Morante, que niega tajantemente que la Conselleria tenga ninguna deuda económica con la concertada. Morante rechaza que exista una deuda de unos seis millones de euros, como afirmó la patronal Escola Catòlica en una información de este diario publicada el 6 de marzo. Esta estimación fue hecha en base al hecho de que la asignación que concede cada año el Govern a los colegios concertados para que los destinen a sus gastos de funcionamiento lleva congelada desde 2008, según criticó la patronal. Morante también lo niega y recuerda que este año se ha descongelado, y se ha incrementado en 975.000 euros: de 21.569.981 se ha pasado a 22.544.981. «Es cierto que hasta entonces estaba congelada, pero siempre hemos pagado por encima de lo que establece la normativa estatal; no hacerlo es ilegal», comenta el director general.

Contrariamente, el director general recuerda que cuando llegaron a la Conselleria, en 2015, pagaron una deuda de 1,9 millones de euros heredada del gobierno del PP, y que correspondían a sustituciones de bajas de profesores que no se habían abonado a los centros. Por eso, desde 2016 las sustituciones se pagan directamente, de manera que ya no se pueden volver a acumular deudas, explica Morante. Asimismo, entre 2016 y 2017, recuerda que regularizaron una deuda de 10.003.528 euros generados durante la legislatura en la que gobernó el PP.