La jueza ha acordado la prisión para uno de los cuatro guardias civiles detenidos por supuesto espionaje a la pareja del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. El propietario de la empresa de seguridad que contrató el político centroamericano para vigilar a los movimientos y actividades de la mujer también irá a la cárcel. Dos de los seis arrestados, un vigilante de seguridad y un guardia civil, se han acogido a su derecho de no declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Palma, que se encuentra en funciones de guardia, y han quedado en libertad. Los seis están acusados por delitos de organización criminal, coacciones y revelación de secretos.
Agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil detuvieron a los seis sospechosos, y no siete como informaron en un primer momento desde la Benemérita, el pasado lunes tras una larga investigación. Los agentes detenidos estaban destinados en los puestos de Calvià, Marratxí y Palma. Algunos trabajaban en el aeropuerto de Son Sant Joan o en el Palacio de Marivent. Según ha podido saber este periódico, las primeras diligencias las abrió el Servicio de Información y después fue Asuntos Internos quien se hizo cargo del caso.
Los hechos se remontan al mes de julio del año 2020, cuando la novia del expresidente de Panamá volvió a la Isla. El grupo de agentes, que colaboraba con una empresa de seguridad, recibió el encargo –según ellos directamente del político– de seguir a la mujer, para vigilarla y darle protección en caso necesario. Sin embargo, los funcionarios le colocaron un geolocalizador a la señora, que no sabía nada, y fue seguida y espiada durante días. El día 8 de julio los guardias crearon un grupo de WhatsApp bautizado como ‘Operación Cacatúa’ y un agente se identificó como Puma II, segundo en la jerarquía del equipo que se había formado. El político centroamericano interviene en el grupo y se cruzan algunos mensajes relativos a la forma de pago por los servicios prestados.
El expresidente, en los mensajes, recibe el apodo de ‘Zeus’. La víctima residió en el Pont d’Inca (Marratxí) y fue espiada allí. También, por ejemplo, cuando salió a navegar con una moto acuática. O en otras muchas actividades. En el sumario policial se destaca que uno de los guardias civiles detenidos se ofreció a «utilizar a su hija» para que participara en las tareas de vigilancia a la mujer: «Puedo ir con ella y no sospechará el objetivo», escribió el acusado.
La mujer detectó que la estaban siguiendo y denunció estos hechos hasta en tres ocasiones ante la Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 4, que se encontraba en funciones de guardia, y ante la Guardia Civil. Los agentes realizaron el primer servicio, según fuentes de la investigación, de forma gratuita como un regalo hacia el expresidente panameño. Fue en Port Adriano. El propio político les envió imágenes de la mujer a la que tenían que seguir. Objetivo fácil. Enseguida la localizaron en un restaurante y a partir de entonces empezaron a seguir todos sus movimientos.
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