La Conselleria de Transició Energètica, con Juan Pedro Yllanes al frente, ha incluido un condicionante social a los promotores que quieran poner en marcha proyectos de parques fotovoltaicos en Balears y cuenten con ayudas del Pla d’Inversions per a la Transició Energètica.
Por este condicionante, se establece que por cada megawatio producido por el parque fotovoltaico, una parte aún por determinar se deberá destinar a favorecer a familias vulnerables.
El director general de Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, explica que «tenemos sobre la mesa dos vías a explorar para ayudar a familias vulnerables a partir de la promoción de parques fotovoltaicos. Una sería que el promotor asumiese la instalación de equipamientos de renovables o autoconsumo en los hogares vulnerables o que estas familias pagasen su consumo de la energía generada por el parque a un precio fijo por debajo del normal. Incluso podría ser un precio simbólico».
Yllanes, como conseller y vicepresidente del Govern, negoció la inclusión de este condicionante social en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica, que prevé la llegada de 233 millones de euros a Balears.
Para la Conselleria de Transició Energètica, esta medida, entre otras, contribuye a minimizar los impactos de las recientes subidas del precio de la electricidad. Estas actuaciones fueron expuestas en la reunión del pasado miércoles de la Mesa per a la Lluita contra la Pobresa Energètica de Balears. Malagrava señala que «las medidas sociales que deberán aplicar los promotores de parques fotovoltaicos se dirigirán a los hogares más próximos a éstos. Por ello, habrá que iniciar una labor de coordinación con los ayuntamientos y los servicios sociales autonómicos para detectar los hogares vulnerables que podrían verse beneficiados y configurar una bolsa de posibles familias solicitantes, incluidas las que habitan viviendas de protección oficial».
El director general indica que «evidentemente, no vamos a obligar a nadie, pero se trata de informar a estas familias de que tienen esta posibilidad, pues ahora mismo, por su situación, ni siquiera pueden plantearse el acceso a una instalación de autoconsumo».
Para Malagrava, «también en la expansión de las energías renovables se debe aplicar la justicia social y no dejar a nadie atrás. Y hay que tener en cuenta que los promotores recibirán ayudas públicas para impulsar sus proyectos, por lo que es lógico un retorno a los más vulnerables».
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