Los acusados contra los que ya no actúa Fiscalía son: Jaime Nadal, funcionario del Ajuntament de Calvià; la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell y el funcionario del Govern Bernadí Coll; el celador de Cort, Julián Garau y tres cargos del Grupo Cursach, el director de Tito's y el jefe de sala de la discoteca, Jaime Lladó y Arturo Segade y Antonio Bergas, supuesto 'número tres' de la trama, según la acusación inicial.
Lo que han hecho los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz es adaptar su calificación, que fue suscrita en diciembre de 2018 a todo lo que ha ocurrido después con la investigación al juez instructor, Manuel Penalva y al fiscal que suscribía ese escrito, Miguel Ángel Subirán. En el nuevo documento, se renuncia además a 54 testigos. Hace ya unos meses, Anticorrupción había descartado ya a los más polémicos como la madame, 'El Ico' o el testigo protegido 29, a los que acusa de mentir en el procedimiento que se sigue en el TSJIB.
Así, quedarán fuera del proceso, en lo que toca a la Fiscalía, la supuesta entrega de dinero a funcionarios del Ajuntament de Palma y al de Calvià. También la trama por la que se acusaba a la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell de beneficiar a Cursach en la tramitación de una licencia para el Megapark. Además queda fulminado cualquier rastro de las supuestas orgías en la discoteca Tito's en las que se invitaría a sexo y drogas a agentes de la Policía Local de Palma. Todos esos hechos quedan ahora a expensas de la posición de las acusaciones particulares, mucho más limitadas y con dudas sobre su situación procesal que se plasmarán al inicio de las sesiones el próximo día 13 de junio.
Lo que subsiste de la acusación inicial en este proceso es la parte más vinculada a la Policía Local de Palma. Sólo se retiran los cargos contra un agente (Miguel Estarellas Sastre) que falleció antes del juicio. De hecho, quedan como acusados trece agentes y mandos, el grueso de ellos de la Patrulla Verde. La Fiscalía mantiene que estos policías sancionaron a locales y exigieron sobornos en otros, en parte para beneficiar al Grupo Cursach. De esta empresa ya sólo se mantienen dos acusados: el propio Bartolomé Cursach y su ‘número dos’, Bartolomé Sbert, a quienes se reclamaba inicialmente una condena de ocho años de cárcel. El juicio arranca en dos semanas, con una batería de cuestiones previas que plantearán las defensas para intentar anular el procedimiento.
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