La conocida como ola silenciosa de la pandemia por COVID se aleja y se intuye este como el mejor momento para poner la maquinaria sanitaria balear al 100 % de su capacidad. La prioridad es atender a toda la población que lleva meses dormitando en las listas de espera. Tras activar el plan de choque, al que se destinan 18 millones de euros en horas extraordinarias; ahora se gesta el paso definitivo: implicar a todas las clínicas privadas de las Islas para que también asuman una parte de estos pacientes.
El Govern sacará a concurso público un contrato por valor de 27 millones de euros para que los hospitales trasladen a pacientes en listas de espera. La cantidad corresponde a la actividad que se quiere derivar durante los dos o tres últimos meses de este año (que es cuando se prevé que se ponga en práctica) por valor de tres millones, y otros 12 millones para 2023 y 2024, respectivamente. Además saldrán en dos lotes diferentes que contendrán consultas externas, pruebas diagnósticas y terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y estancias hospitalarias o de UCI.
Ahora bien, para llegar al extremo de derivar a la privada todas las otras vías deben alcanzar su máximo rendimiento. Esto son: por un lado la actividad ordinaria con el soporte de los trabajadores COVID que se quedaron de refuerzo; por otro la actividad extraordinaria de tarde cuyo plan lleva dos meses en práctica y, por último, el refuerzo de los hospitales conveniados, sin ánimo de lucro, como son Creu Roja y Sant Joan de Déu.
La intención es que, «a través de estos expedientes de contratación reglados toda la sanidad privada pueda estar incluida en echar una mano cuando se necesite», explica el director de Presupuestos y Gestión del IB-Salut, Manuel Palomino.
Falta ver qué dirán los socios de Podemos de este Govern, claramente en contra de la sanidad privada que, llegados a este punto, se ha convertido ahora en una «aliada», señala. «La sanidad pública debe dar una cobertura universal y la privada tiene su propio ámbito», defiende Palomino. «Si necesitamos que nos ayuden, y más con la situación que tenemos de carencia de profesionales a nivel nacional y casi europeo, hay que combinar todos los recursos posibles para poder atender a la población y el nivel de colaboración es muy bueno», argumenta.
Para hacer un estimación del coste de las derivaciones a las privadas, «hemos hecho una foto de la situación actual» con un estudio de mercado que ya contempla que la demanda ha crecido también en las clínicas privadas. «Hemos visto qué podrán asumir y, dentro de ese marco, hemos intentado encajar la actividad que necesitaríamos», explica el experto. Sin embargo hay variables difíciles de controlar. Y es que tras el frenazo diagnóstico y terapéutico que supuso la llegada de la pandemia, se espera que vuelvan a crecer las consultas, «creemos que en septiembre y octubre la demanda será mayor, por eso es difícil calcularlo y nos anticipamos para tener todos los medios posibles», señala.
Hasta entonces hay un verano de por medio y «este año se prevé un récord en turismo», por lo que «hemos montado todos los recursos para afrontar la situación», explica Palomino. «En la medida de lo posible se hará actividad extraordinaria, conforme pueda programarla cada hospital, pero asumiendo que la sanidad viene de casi tres años de mucha tensión y esfuerzo y se necesita descansar», concluye el gestor.
1 comentario
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Habrá que estar atentos a cuantos de esos 27 millones son para Eivissa, la isla balear con mayor ratio paciente-tiempo de espera. Espero no llevarme una desagradable sorpresa y ver como la mayoría de ese dinero se invierte en Mallorca.