El sector educativo concertado de Balears, representado por patronales, cooperativas y sindicatos, solicitó una reunión con el conseller de Educació, Martí March, en la cual plantearán una batería de exigencias a tratar. Todos los solicitantes consensuaron una serie de puntos en la Mesa Social de l’Ensenyament Concertat, que no incluye a la Administración pública educativa.
Revisión y renovación de los módulos de conciertos
Se renuevan cada seis años y, en 2023, se tienen que volver a negociar. El sector teme que ante la reducción del número de alumnos por el efecto de la bajada de la natalidad en las Islas, la Conselleria decida cerrar aulas.
Ratios en las aulas
Los miembros de la Mesa también están preocupados porque la bajada de la natalidad suponga tener menos aulas con mayor número de alumnos concentrados por clase.
Repasar los gastos propios surgidos desde el año 2008
Los módulos educativos no están actualizados al coste del precio de la luz y el agua, por ejemplo, que ahora cuestan más que en 2008, cuando se adaptaron por última vez, según los sindicatos de la concertada. Estos argumentan que también afecta a los trabajadores de administración y servicios porque tampoco han visto adaptados sus salarios.
Problema en 0-3 años
Las patronales de la concertada, como Escola Catòlica Illes Balears, lamentan que la gratuidad anunciada por el Govern en centros de la red pública de escuelas infantiles y de su red complementaria excluye a muchos centros concertados porque todavía no están adaptados a los requisitos que se exigen.
Condiciones laborales
El sector concertado debe negociar las mejoras de los sexenios, la paga de los 25 años, el acuerdo de las jubilaciones parciales y el de recolocación de docentes asociada a la pérdida de aulas, en caso de producirse.
Diversidad
Los miembros de la Mesa consideran que faltan recursos para atender la atención a la diversidad en los centros concertados y que se está dando un trato desigual respecto al sector público.
Burocracia y Lomloe
Como también pasa en la pública, los sindicatos, especialmente, denuncian el exceso de burocracia que deben de afrontar los docentes y que la aplicación de la reforma educativa está complicando el inicio del curso, por lo que piden medidas de flexibilización.
Mismo trato que a la pública
El sector de la concertada critica que la Conselleria convoque a la Mesa Sectorial primero a los miembros de la pública y días después a los de la concertada. Cuando hay novedades se enteran por la prensa o mediante los compañeros de la enseñanza pública. Por ello, exigen que se les convoque a todos en la misma fecha.
Comisión de titulaciones
La Mesa pide volver a estar presenten en la comisión de titulaciones que se encarga de habilitar a personas que no cumplían los requisitos necesarios para ejercer la docencia. Critican que se les excluyó y que serían informados por parte de Educació.
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