El portavoz de la asociación, Alfonso Rodríguez, señaló ayer: «La medida, a priori, es correcta pero el problema es saber si las entidades van a respetar o no el nuevo código de buenas prácticas y, especialmente, si se informará de forma adecuada a todos aquellos que están en una situación precaria para hacer frente al pago de sus créditos hipotecarios». Consubal advierte que el poder adquisitivo de las familias se ha deteriorado de forma «alarmante» en el último año por el encarecimiento de los costes energéticos, el aumento de la inflación y de todos los indicadores bancarios relacionados con los tipos de interés (euríbor).
Rodríguez puntualiza que a partir de enero «las familias de Baleares hipotecadas van a sufrir de manera especial por el deterioro económico que se va a acentuar con la pérdida de poder adquisitivo y por las renegociaciones que se establecerán con los bancos». Añade que «temo que el problema se agrave por falta de información por parte de las entidades financieras, circunstancia que siempre sucede en una coyuntura similar cuando se presentan nuevas medidas de ayudas que están relacionadas con las actividades bancarias». Consubal resalta que muchas familias de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, pese a este acuerdo hipotecario entre el Gobierno y la banca «no se podrán beneficiar, especialmente en el caso de aquellas familias que para pagar la hipoteca les suponga asignar más del 50 % de sus ingresos, ya que los salarios en las Islas han quedado en nada por el actual proceso inflacionista y encarecimiento de todo tipo de materias primas y alimentos».
Segunda oportunidad
Pese al pacto entre Gobierno y la banca para aliviar hipotecas a rentas de hasta 29.400 euros, Consubal vaticina que muchas familias, precisamente por la falta de información, «se acogerá la Ley de la Segunda Oportunidad o a la dación en pago, que consiste en entregar al banco la vivienda que tienes hipotecada para que tu deuda hipotecaria se cancele completamente».
Consubal afirma que el deterioro económico va a más y que a corto plazo no se vislumbra una mejora. Rodríguez indica que a partir de ahora y hasta que entre en vigor la nueva medida hipotecaria, el 1 de enero, «lo que importa es que se facilite la máxima información a todos los afectados para que puedan tomar la decisión adecuada o acogerse a otro tipo de medidas».
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