Tras el anuncio sobre la eliminación de la exigencia del catalán como requisito para acceder a una plaza pública en la sanidad balear, muchas fueron ayer las voces políticas que quisieron mostrar su frustración. Es el caso de la diputada del PP en el Parlament, Tania Marí, que lleva tiempo denunciando el «escandaloso» déficit sanitario que sufre Baleares, especialmente Ibiza, señaló ayer que Armengol vuelve a «llegar tarde» como siempre.
Como se recordará, el Govern aprobó este decreto que, por un lado, rebajaba los niveles de catalán exigidos para trabajar en el ámbito sanitario, pero a su vez obligaba a todos los casos excepcionados por falta de personal (como son ahora los médicos y las enfermeras) a que se sacaran la titulación en un máximo de dos años. El decreto fue anulado por el Tribunal Supremo al considerar que la fórmula para regular esta cuestión no era la correcta. Sin embargo desde entonces no se ha hecho nada al respecto y el Govern vuelve a regirse por la normativa anterior.
«Hace tiempo que tenía que haber rectificado. Hace años que las plantillas de profesionales sanitarios son deficitarias», apuntó con rotundidad. Asimismo, lamentó que esta medida se haya puesto encima de la mesa cuando las plantillas de profesionales sanitarios llevan mucho tiempo infradotadas.
En este sentido, explicó a Periódico de Ibiza y Formentera que esta decisión no responde exclusivamente a la falta de médicos y enfermeros sino a que, realmente, no le ha quedado más remedio al Govern que aplicar esta medida. «El tiempo nos ha dado la razón. Siempre hemos defendido que el catalán no sea un requisito sino un mérito en el acceso de cualquier puesto en la administración pública», subrayó.
En esta línea, la diputada del PP en el Parlament también denunció la desigualdad que existe dentro del sistema sanitario. Se refirió al hecho de que, con esta medida, todo el colectivo médico y enfermero quede exento de presentar el requisito del catalán para poder trabajar en Baleares, al ser categorías que consideran deficitarias y de difícil cobertura, pero no quedan exentas otras categorías sanitarias. Criticó que a los fisioterapeutas o celadores se les seguirá exigiendo el requisito del catalán. «¿Cuántos celadores se han tenido que ir de Ibiza por este problema?», señaló Marí. En esta línea, puntualizó que estás diferencias no son justas y que la lengua no puede ser una barrera. Por eso defiende que al resto de sanitarios también les cuente como un mérito, y no como un requisito.
Reunión urgente
El grupo parlamentario Més per Mallorca anunció ayer que pedirá una reunión urgente de seguimiento del Pacte para conocer al detalle cómo y a quién se le está exigiendo el requisito del catalán para acceder a una plaza en la sanidad pública, tras conocerse que todos los médicos y las enfermeras están exentos de hacerlo desde hace al menos un año, al ser servicios deficitarios.
Por una parte quiere saber las consecuencias de la derogación del decreto que regulaba la capacitación lingüística del personal estatutario del IB-Salut, que ellos mismos promovieron, y que fue anulado por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado, y ver así si «hay que pedir una modificación de la Ley de función pública», explicó el diputado de la formación, Joan Mas Collet.
Collet explica que desconoce el debate político que hubo en su día entre los socios del Govern porque todavía no era diputado de Més. Ahora, advierte, los ecosoberanistas estudiarán si es necesario volver a revisar esta cuestión y aplicar de nuevo una moratoria a los casos excepcionados.
Sin normativa prevista. Por otra parte, a Més per Mallorca le interesa saber si existe un control o vigilancia de aquellos profesionales a quienes, mientras estuvo en vigor el decreto, se les dio dos años para presentar el requisito de la lengua. Además, este partido interrogará al PSIB sobre «si la excepción se está convirtiendo en la norma». En definitiva, Més defiende que «el paciente se pueda dirigir al profesional en su lengua», subraya ‘Collet’.
En este mismo sentido se pronunció El PI con un discurso más beligerante. El portavoz parlamentario, Josep Melià, reclamó al Govern «que garantice de una vez por todas el conocimiento lingüístico para que «todos los sanitarios puedan interactuar en las dos lenguas oficiales de Baleares». En este aspecto, «no entendemos que el Ejecutivo de Armengol no tenga ninguna normativa prevista que garantice los derechos lingüísticos de los usuarios de la sanidad y que, tras un año (tras la derogación del decreto) no se haya hecho nada al respecto», añadió Melià. «No puede ser que esto pase con un Govern de izquierdas que, teóricamente, es sensible a la lengua». Por último, la portavoz de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, también cree necesario establecer un marco legal para acabar con esta inseguridad jurídica que genera la incertidumbre actual.
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