El Ibavi tiene menos de 2.000 pisos en propiedad para poder destinarlos al alquiler social, por esa razón ha comenzado una dura campaña contra inquilinos que ocupan una vivienda y que no pagan a pesar de poder hacerlo. La empresa ha iniciado un proceso para desahuciar a todas estas personas y colocar en su lugar a algunas de las que están en el registro, previa consulta con los servicios sociales. Si se trata de familias que quedan desamparadas, en lugar del desahucio se busca un plan alternativo.
Depuración y más pisos
Los responsables de la Conselleria trabajan desde hace meses en una doble dirección. Por un lado, preparan cambios en el registro de demandantes de vivienda para conseguir una depuración de los datos. Explican que, entre esas 7.317 solicitudes, puede haber personas de una misma familia que han presentado la petición por separado o también puede haber personas que no tienen derecho a percibir las ayudas porque no cumplen las condiciones pero también aparecen en el listado.
En paralelo, desde la Conselleria se trabaja para ampliar al parque de vivienda con el fin de ofrecer alternativas a quienes no tienen opciones de comprar una o de pagar los alquileres a precio de mercado. Desde el año 2021, el Govern ha comenzado a construir unas 700 nuevas viviendas, que se sumarán al parque público. También se ha apostado por ejercitar el derecho de tanteo y retracto cuando se produce una transmisión patrimonial de una VPO. En ese caso, el Govern no solo tiene el derecho de compra preferente para esa vivienda que se compró en su día gracias a las ayudas que da la administración, sino que además evita que se especule con el valor de unos pisos por o que se pagó en su día una cantidad más bajo.
Por esta otra vía, el Govern ya ha incorporado al parque de vivienda otras 103 propiedades. En total se han invertido más de 11 millones de euros en la compra de estos pisos, de los que 52 se han comprado a grandes tenedores y los 51 restantes a particulares.
Estas viviendas se destinan de manera preferente a demandantes de vivienda del registro, convenios con entidades del tercer sector y menores de 35 años. El Ibavi dispondrá este año de 58,6 millones de euros para continuar con la ampliación del parque público. De ellos, 54,3 se destinarán a financiar la construcción de nueva vivienda y 4,3 millones servirán para ejercer ese derecho de tanteo y retracto que está dando buenos resultados. Un asunto importante es que todas estas viviendas de nueva construcción se destinan al alquiler y no a la compra de la propiedad.
El Govern debate hoy pedir medidas para prohibir la compra a no residentes
Los datos del Ministerio sobre compra de vivienda por parte de extranjeros certifican la caída en Baleares en el último trimestre, algo ya apuntado por los registradores de la propiedad. Según esta fuente, la caída en la compra de vivienda por parte de extranjeros fue de un 13,9 % en comparación con el trimestre anterior. También hubo un descenso si se compara con el año anterior, lo que puede interpretarse como un ligero cambio de ciclo tras las subidas de 2020 y sobre todo de 2021.
El Govern ha puesto en marcha una comisión para estudiar qué herramientas se pueden poner en marcha para prohibir la compra por parte de ciudadanos que no lleven al menos cinco años de residencia en las Islas. El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, anunció la semana pasada su intención de que este asunto se debata en el Consell de Govern que celebra hoy el Ejecutivo, el primero del año, a pesar de que las competencias no son de su departamento, sino de la Conselleria d’Habitatge i Mobilitat.
En cualquier caso, a instancias de Més, el Senado también aprobó urgir al Gobierno de Pedro Sánchez a que busque herramientas para que se apruebe la excepción balear y los no residentes no puedan comprar vivienda en las Islas.
El debate se ha reabierto después de que Canadá haya anunciado la prohibición de que los ciudadanos extranjeros compren una residencia en el país, algo que se estima ha provocado una subida del precio de las casas. En Europa también Dinamarca lo prohíbe, pero fue una condición para entrar en la Unión Europea.
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