Álvaro Gijón ya declaró durante la fase de instrucción del caso.    | Alejandro Sepúlveda

La Fiscalía sostendrá su petición de más de un centenar de años de prisión para el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán en la declaración de 51 testigos. El grueso de la prueba personal propuesta por el Ministerio Público en su escrito de acusación son agentes de la Policía Nacional, tanto del Grupo de Blanqueo como los inspectores que llevaron a cabo la investigación y los informes en torno al grupo de WhatsApp que desveló los supuestos delitos cometidos por juez y fiscal.

También tendrán que comparecer en el Tribunal Superior de Justicia de Balears una decena de abogados de Palma que intervinieron tanto en la investigación del ‘caso ORA como del caso Cursach y varios de los protagonistas de estas: Álvaro Gijón, José María Rodríguez o Bartolomé Sbert tendrán que comparecer y además ejercen todos ellos la acusación particular. De hecho, por parte del ministerio público están citados al menos tres abogados que estarán en estrados porque ejercen la acusación particular, algo poco o nada habitual.

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La Fiscalía incluye en su acusación a Penalva, Subirán y cuatro antiguos agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, un total de quince detenciones ilegales en el marco de la investigación del ‘caso ORA’. Considera que se trató de una investigación en la que no existía ningún indicio de delito que permitiera adoptar medidas de privación de libertad, ya fueran detenciones o prisiones preventivas y que éstas se llevaron a cabo con la única finalidad de obtener declaraciones incriminatorias. De forma más tangencial incluye hechos relacionados con el ‘caso ORA’ como las supuestas coacciones a Bartolomé Sbert cuando estaba detenido por parte de un agente de laPolicía Nacional quien le habría dicho que iría a prisión preventiva a no ser que declarara contra José María Rodríguez. Estuvo ocho meses en la cárcel.

Además de Fiscalía han presentado acusación contra Penalva y Subirán media docena de acusaciones particulares. En todos los casos las penas se disparan al incluir detenciones ilegales. De hecho, la acusación más leve es la que representa a Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, que no incorpora ese delito y que se queda en una treintena de años.