Los motivos son dos: la medida aprobada por el Gobierno central «podría suponer una competencia desleal con los negocios reglados, además de riesgos de control sanitario». Se trata de las mismas razones que ya han expresado restauradores, pasteleros y panaderos; estos colectivos han hecho público su malestar con el real decreto que permite la venta de comida elaborada en domicilios. Además, han expresado sus dudas de que los inspectores puedan acceder a viviendas particulares sin autorización judicial. Por tanto, no queda claro cómo se podrá comprobar que los particulares cumplen los requisitos precisados en la citada normativa.
Desde el Govern han argumentado que entienden que «su competencia en esta materia le permite decidir en este ámbito y, salvo casos muy puntuales y justificados, no ampliará posibilidades de venta comercial en domicilios». En este sentido, han precisado que que se estudiarán las peticiones específicas por parte de las conselleries de Salut i Hisenda y en el caso de que se confirme que no existe competencia desleal ni riesgo sanitario, se autorizará. «La Conselleria de Model Econòmic está analizando los detalles, pero en ningún caso se autorizarán más que excepcionalidades», han puntualizado.
El real decreto que permite la venta de alimentos elaborados en viviendas está en vigor desde el 21 de diciembre de 2022, día en el que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al Ejecutivo autonómico no le consta que en el Archipiélago balear se hayan presentado declaraciones responsables para iniciar esta actividad.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.