La historia del Estatut d’Autonomía, de cuya entrada en vigor se cumplen hoy 40 años, se inicia antes de ese 1 de marzo de 1983 que se publicó en el BOE. Por empezar del momento más próximo a ese día e ir mirando atrás: el Congreso aprobó el proyecto en febrero de ese año; en 1981 se cerró un texto en el Consolat de Mar, que era entonces la sede del Consell General Interinsular; ese texto asumió un trabajo previo, el de una comisión llamada 'dels Onze', que se constituyó en 1980; una gran manifestación reclamando la autonomía recorrió Palma en octubre de 1977; y meses atrás, en junio, los partidos que se presentaban a las primeras elecciones se comprometieron a impulsar su aprobación.
Y eso es sólo el pasado más inmediato. Porque, ya en época de la Segunda República (1931-1936) se redactó un proyecto que no llegó a aprobarse. Fue en una reunión que se celebró en el Teatre Principal de Palma. Pero antes de ser comunidad autónoma, las Islas ya habían conocido el autogobierno. Mallorca fue un Reino en el siglo XIII, dependiente de la Corona de Aragón, primero y luego privativo con Jaume II. Todo aquello termino con la Guerra de Sucesión y con el Decreto de Nueva Planta de 1716. Pero para contar esta historia y enmarcarla en lo que este miércoles se conmemora y en un hecho que se concretaría el 31 de mayo de 1983, la constitución del primer Parlament balear de la historia, lo mejor es empezar por las elecciones generales de junio de 1977, las primeras desde la muerte de Franco en 1977 y las primeras en libertad (también se votaba en el franquismo, sin partidos políticos) desde las que se celebraron en febrero de 1936.
Manifestación por el Estatut en octubre de 1977.
La ‘Comisió dels Onze’
No fue hasta esas elecciones, las de 1977, cuando se empezó a concretar el modelo autonómico que reflejó la Constitución de 1978. Esa Constitución tiene un artículo muy importante, el que alude a los Consells, que son en las Islas, el germen de la futura Comunitat Autònoma. Fue decisivo el papel de un diputado de la UCD para que eso fuera posible: Jeroni Albertí. Y eso permitió que en las municipales de 1979, se eligieran de manera directa (y no como si fueran diputaciones, vinculadas al voto en a los ayuntamientos) esos organismos.
Ese 1979 echó a andar el régimen preautonómico y se constituyó el Consell General Interinsular, que presidió Albertí. En junio de 1980, los partidos con representación institucional acordaron crear lo que se llamó 'Comisió dels Onze', formada por Rafael Gil Mendoza, Lluís Piña, Joan Josep Ribas (UCD), Gregori Mir, Félix Pons (PSOE), Josep Cañellas (AP), Ignasi Ribas (PCE), Damià Ferrà Pons (PSM de Mallorca), Andreu Murillo (PSM de Menorca) y Vicent Ferrer (Independientes de Eivissa).
De esa comisión surgió el texto que luego asumió la asamblea de parlamentarios y el Consell General Interinsular. El texto se presentó al Congreso, que lo aprobó en diciembre de 1981. La votación definitiva fue el 25 de febrero del año siguiente (206 votos a favor, 97 abstenciones, correspondientes de AP, y uno en contra). Un día como hoy, pero de 1983, se publicó en el BOE. Todo fue, a partir de entonces, muy deprisa y el Consell General Interinsular (no existía el Govern) convocó las elecciones autonómicas para el 8 de mayo. El PSIB superó ligeramente a AP en votos, pero no en escaños. Fue decisivo el papel de Unió Mallorquina (UM), que había fundado Jeroni Alberti después de dejar UCD y de dimitir de sus cargos, incluida la presencia del Consell y la del Consell General Insiterinsular. Allí le relevó Francesc Tutzó. Según recuerda años después, aquella vez fue la única en que un menorquín ‘presidió’ Balears.
Reunión de políticos para la reforma estatutaria de 2007.
Constituido el nuevo Parlament, que presidió Antoni Cirerol, de AP, se celebró la sesión de investidura. Gabriel Cañellas, el candidato de AP, fue elegido presidente del Govern. El Estatut d’Autonomía de 1983 ha sido reformado cuatro veces: en 1994, en 1999, en 2007 y en 2022. La dos primeras no pueden considerarse reformas como tales, sino adaptaciones para desarrollarlo o para asumir competencias que el Gobierno estatal iba a transferir a todas las comunidades. La última, la del año pasado, fue para suprimir los aforamientos, eso es para que los cargos políticos pudieran ser juzgados por los tribunales ordinarios. La gran reforma fue la de 2007. Fue impulsada por el PP pero se hizo por consenso y después de crear una comisión de juristas. Es el que ahora está vigente.
