La ministra de Justicia señala en Palma que transferir las competencias «no está en la mesa»

Pilar Llop, a su llegada en Es Baluard este viernes. | Teresa Ayuga

Víctor MalagónPalma03/03/23 12:11
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«No está en la mesa». La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha derivado en el tiempo la posibilidad de que Baleares asuman las competencias en este área. Las Islas son de los pocos territorios, junto a las dos castillas o Extremadura, en las que la gestión de toda la administración judicial depende del Ministerio. Llop, que ha presidido hoy en Palma la reunión de la comisión sectorial del área, señala que antes de cualquier proceso de descentralización hay que hacer «una reflexión» previa y que una hipotética transferencia, tampoco reclamada desde Baleares, debe producirse en «momentos puntuales y propicios». Pone como ejemplo los problemas de sedes en comunidades como Madrid y el «desastre» de su ciudad de la justicia.

Sobre la gestión en las Islas destacó que hace unos meses se cerró la cesión de una parecela en Son Pardo para la construcción de una nueve sede judicial en Palma y la adquisición de un edificio que ya albergaba juzgados en Palma.

La visita de la ministra estuvo acompañada de una protesta de una decena de letrados de la administración de Justicia, en huelga desde hace más de un mes. Llop señala que están abiertos los canales de diálogo y que el Ministerio ha propuesto una unificación de categorías que permitiría a los letrados que cobran menos obtener un aumento de unos 5.000 euros anuales. Descarta de plano una de las principales reclamaciones del colectivo: una cláusula de enganche que les permita cobrar un 85 por ciento del salario de un juez: «No es viable».

Estima que esta medida costaría unos 61 millones de euros al año y que esta cantidad es más de lo que gasta el Ministerio en la asistencia jurídica gratuita. «Hay que seguir dialogando y buscando soluciones ante una situación que causa un grave daño a los ciudadanos y profesionales del sector».

Llop también se ha referido a la ley del 'solo sí es sí' después de que el Consejo General del Poder Judicial estableciera que el número de condenas que se han visto reducidas supera las 700. Se remite a la proposición planteada por el PSOE para modificar las penas: «La finalidad es blindar a las víctimas y que las condenas que se impongan sean proporcionadas».